El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que diseñó el Gobierno para establecer un apoyo público temporal que sirviera para reforzar la solvencia de compañías no financieras que sean importantes para la economía española ha sido un absoluto fracaso y, en lugar de lograr su objetivo, está amenazando el futuro de más de 60 empresas.

La inoperancia y dejación de funciones del equipo directivo que gestiona este instrumento, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), obligará a España a pedir una prórroga a Bruselas para prolongar esta línea de liquidez más allá del 31 de diciembre, que es la fecha establecida por las autoridades europeas para repartir 10.000 millones de euros, de los cuales sólo se han aprobado un 15% de los fondos.

El problema se encuentra en el bloqueo de la SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, debido a las consecuencias judiciales que está teniendo el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, una compañía que en no caso puede considerarse estratégica para España por su débil cuota de mercado, pero que fue regada con 53 millones de euros con la intercesión del ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

Ciudadanos llevó el caso al Tribunal de Cuentas y a la Comisión Europea y, además, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra los miembros del Consejo Gestor del fondo por considerar que pueden existir responsabilidades penales en la asignación del dinero a la empresa que tiene consejeros venezolanos y que, según denuncia entre otros políticos españoles el diputado del PP, Mario Cortés, mantiene una estrecha relación con el régimen de Nicolas Maduro.

Según confirman a MERCA2 fuentes de la patronal CEOE, la nueva dirección de la SEPI bajo la batuta de la ex presidenta de Navantia, Belen Gualda, es la responsable directa de este bloqueo, ya que teme verse involucrada en otro caso similar.

Y para ayudarle a eludir su responsabilidad la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha ayudado aprobando una resolución que modifica las competencias del Consejo Gestor del fondo de rescate, repartiéndolas entre otros departamentos de la SEPI. Además, Gualda ha decidido, con el visto bueno del Gobierno, contratar asesores externos en el ámbito financiero y jurídico para sacar adelante los expedientes pendientes.

ASESORES PARA ELUDIR RESPONSABILIDADES

“De esta forma la SEPI y Hacienda cometen una dejación de funciones, ya que ponen en manos de despachos de abogados y consultoras la confirmación de que las empresas que optan al fondo cumplen los criterios y requisitos establecidos. Esto, lejos de acelerar la concesión de las ayudas, lo que hace es retrasarlas aún más mientras los organismos públicos eluden su responsabilidad”, indican las fuentes consultadas.

Hasta el momento la institución que preside Gualda sólo se ha autorizado los programas de rescate de ocho grupos empresariales, mientras que otras 61 corporaciones esperan una respuesta a su solicitud tras haber pasado el primer cribado. Los que han logrado el visto bueno de la SEPI son Air Europa, con 475 millones de euros, Hotusa (241 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (112,8 millones), la citada Plus Ultra (53 millones), Rugui Steel (35 millones) y la tecnológica Airtificial (34 millones)

El problema es que la SEPI no dispone ya de tiempo material para cumplir con su trabajo antes de fin de año, que es cuando se termina el plazo para concluir los procesos. Y eso que hay varias empresas que llevan casi un año esperando que se atiendan sus expedientes, cuando el Real Decreto que creó el citado fondo de rescate establecía un periodo máximo de seis meses.

EL PLAZO EXPIRA EL 31 DE DICIEMBRE

La norma indicaba que “si transcurrido ese periodo no se ha dictado y notificado o resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Sin embargo la propia SEPI ha indicado a las compañías que la Ley de Procedimiento Administrativo permite no cumplir el plazo siempre que se solicite información adicional, que es lo que se ha hecho en la mayoría de los casos.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, este diario ha podido saber que el Ministerio de Hacienda está elaborando en estos momentos una petición oficial a Bruselas para lograr una nueva prórroga. La Comisión Europea ya aprobó el pasado febrero ampliar por segunda vez el plazo máximo para otorgar ayudas estatales para luchar contra los efectos económicos de la pandemia y el departamento que dirige Montero cree que las autoridades comunitarias no pondrán problemas a un nuevo aplazamiento.

El problema es que en el sector empresarial se teme que el bloqueo continúe en los próximos meses, al menos hasta que los tribunales determinen el grado de responsabilidad de los gestores de la SEPI en el rescate a Plus Ultra. Sobre todo después de que la ministra de Hacienda dejara claro públicamente que ella no se hace responsable de las posibles irregularidades que pueda cometer el Consejo Gestor del fondo.

En el Congreso de los Diputados, tras ser interpelada por Ciudadanos, Montero dijo el pasado junio que los rescates “no los decide el Gobierno, que tan sólo se limita a ratificarlos después de la decisión técnica adoptada en el marco del fondo gestor o en el de la propia SEPI”. Una forma evidente de pasar la pelota a Gualda y cubrirse las espaldas.

Mientras tanto, el PP y Vox han intentado sin éxito que Gualda y la ministra de Hacienda comparezcan en el Congreso para dar explicaciones (sólo pudo ser interpelada en la presentación de los PGE), tanto de la entrega de dinero público a Plus Ultra como de los retrasos en la concesión de las ayudas a empresas estratégicas que pueden presentar la suspensión de pagos en los próximos meses. La mayoría de las compañías que han presentado la solicitud han perdido el acceso a la financiación bancaria y esperan que el Gobierno amplíe los plazos con el beneplácito de Bruselas.

Los cuatro grandes grupos que podrían recibir la autorización antes de que acabe el año son Air Nostrum (103 millones de euros), Siro (100 millones), Técnicas Reunidas (290 millones) y el grupo Áreas (120 millones), ya que sus expedientes están bastante avanzados. Estas empresas están siendo analizadas por los asesores externos que contrató la SEPI el pasado septiembre. Otras compañías que esperan su turno son Mediapro (230 millones), Wamos Air (75 millones), Hesperia (55 millones) y Room mate (52 millones).

Mención aparte merece el caso de Abengoa, que solicitó 249 millones de euros (un millón menos de lo que estipula la normativa para evitar que el expediente sea revisado por las autoridades europeas) y que está bloqueado por el pulso que mantienen los accionistas con Terramar. Los minoritarios temen que el objetivo de este fondo estadounidense al entrar en el capital sea acceder a las ayudas públicas y luego vender los activos de mayor valor de Abengoa, lo cual supondría un nuevo escándalo que salpicaría a los directivos de la SEPI y, por extensión, al Gobierno español.

(NOTA: ACTUALIZACIÓN 19-11-2021. Tras la publicación de este artículo la compañía Plus Ultra quiere ejercer su derecho de rectificación, dejando claro que «las ayudas concedidas por la SEPI no se han demostrado en ningún caso ser irregulares; que la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas es de nacionalidad española; y que diversos informes y peritajes solicitados por la justicia en relación con la causa legal en proceso en el Juzgado Nº 15 de Madrid demuestran que la aerolínea sí cumplía con los criterios necesarios para recibir la financiación».)