El Frente de Todos llegó a un acuerdo neocolonial con el Fondo. Comprende una fuerte reducción del déficit fiscal hacia 2024. El programa se desenvolverá durante dos años y medio. Lejos del “nunca más” a la deuda que enarboló el oficialismo, ahora asume un nuevo endeudamiento para cancelar y convalidar el fraudulento préstamo que tomó Mauricio Macri. Además, habrá diez revisiones trimestrales por parte de la burocracia del organismo: esto implica una intervención directa en las políticas de la administración nacional, en particular de las cuentas públicas. Cada revisión pondrá a las autoridades nacionales al borde de un ataque de nervios frente a la potencial quita de apoyo del Fondo y, por ende, la suspensión del envío de recursos frescos para cancelar la vieja deuda macrista. El país queda hipotecado.

En un breve mensaje grabado en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández anunció el viernes 28/1 que el Gobierno del Frente de Todos alcanzó un entendimiento con el FMI. Allí afirmó que “teníamos una soga al cuello y ahora nos queda camino por recorrer”. Esta frase grafica el modo en que el oficialismo intenta disimular las consecuencias que ese acuerdo tendrá para las condiciones de vida del pueblo trabajador. Los rasgos generales del acuerdo brindados en la conferencia de prensa de Juan Manzur y Martín Guzmán, posterior al mensaje presidencial, dejan a las claras que la soga penderá en el cuello de la economía argentina al menos por una década.

En un libro publicado hace pocos meses[1], el sociólogo Juan Carlos Torre relata las tribulaciones de la política económica de Raúl Alfonsín. En un momento tenso de la negociación con el FMI, Adolfo Canitrot, uno de los economistas del equipo económico, le cuenta a Torre las peripecias de su viaje a Washington con una misión para destrabar un acuerdo[2]. “¿Qué es lo que pide el Fondo?”, se preguntaba Canitrot. Su respuesta era la siguiente: “Los funcionarios del Fondo van a hablar de filosofía económica, pero, básicamente, lo que quieren es ver la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la cuenta monetaria […]; uno no necesita poner una hipótesis de salarios ya que al poner una hipótesis de déficit fiscal ya está definiendo los salarios públicos y, en buena medida, el resto de los salarios”.

La cita es valiosa porque echa luz sobre los detalles que ofreció en la conferencia del viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán. El funcionario detalló tres aspectos claves del acuerdo con el Fondo: un sendero de reducción del déficit fiscal (cuenta fiscal); la acumulación de reservas (cuenta exterior); y una reducción del financiamiento del déficit a través del Banco Central (cuenta monetaria). Es decir, las mismas tres cuentas que mencionaba Canitrot. La misma receta una y otra vez. No es necesario hablar de ajuste de salarios porque ese ajuste ya está definido en las otras cuentas.

Por convicción o para producir un efecto distracción sobre las verdaderas consecuencias de estar atrapados en las garras del Fondo, sectores del oficialismo juguetearon con la idea de que un acuerdo podía ser, esta vez sí, distinto: hablaron de confiar en una solución técnica novedosa que supere las recetas tradicionales del organismo gracias a las habilidades de Guzmán; de confiar en los oficios del Papa Francisco por un capitalismo más humano, de confiar en la nueva gestión de la “compañera” Kristalina Georgieva, de confiar en los oficios del premio Nobel Joseph Stiglitz y sus amigos neokeynesianos. Pero en el último minuto del partido, el Frente de Todos envió de urgencia al canciller, Santiago Cafiero, a hablar con el verdadero Dios en este lio: con el Gobierno de los Estados Unidos, que posee el 17% de los votos en el directorio del FMI[3].

Canitrot le relató a Torre sus sensaciones en una entrevista con el entonces número dos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford: “me llevó a pensar, para mis adentros, que si alguien dudaba de la existencia del Imperio ahí lo teníamos, en carne y hueso”. ¿Habrá experimentado Cafiero la misma sensación en su entrevista con el secretario de Estado, Anthony Blinken? Nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que, a pocos días de su regreso, el Frente de Todos anunció un acuerdo acorralado por las urgencias de una corrida cambiaria que acechaba.

A ese callejón sin salida el oficialismo ingresó porque se quedó prácticamente sin reservas en el Banco Central. Entre otros factores[4], la falta de dólares en la entidad monetaria se explica por dilapidar U$S 7.185 millones en pagos al propio FMI[5] desde que asumió Alberto Fernández.

La negociación se desenvolvió en un secretismo importante, a espaldas del pueblo trabajador. Incluso en la última campaña electoral el oficialismo evitó hablar sobre el Fondo. Hasta el momento se conoció el trazo grueso del acuerdo, el cual ya dibuja un futuro turbio para el país. Pero las negociaciones siguen. Y como el Diablo está en los detalles, en la letra chica del acuerdo podrían aparecer nuevos condicionantes inconfesables[6].

Todo el régimen político –pronunciamientos de la oposición cambiemita incluidos–, el gran empresariado, los más poderosos grupos periodísticos, los economistas del establishment presentan la necesidad de someterse a las garras del Fondo como única alternativa. En realidad, defienden un salvataje a los negocios capitalistas en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Esto queda más en evidencia en el festejo de los “mercados”, un eufemismo para denominar al capital más especulativo. El gobierno gana aire con el acuerdo y patea el problema de la deuda apenas unos años: el fantasma del “default” reaparecerá como muy lejos en 2025.

El kirchnerismo quedó a la defensiva y mayormente en silencio: una evidencia de que el acuerdo constituye un trago amargo en la base del Frente de Todos. El Gobierno contribuyó, junto con la oposición derechista, a instalar en las mayorías populares la idea de que el acuerdo es un “mal necesario”. El Frente de Izquierda-Unidad, junto con varios aliados, denunció que se preparaba este pacto desde la campaña electoral. Para enfrentarlo propone un programa que marca una alternativa que acompañe la experiencia de la clase trabajadora y los sectores populares con las consecuencias que traerán las recetas del Fondo.

Ajuste fiscal

El programa acordado se desenvolverá durante dos años y medio. En ese período, el Gobierno pagará la deuda de U$S 44.500 millones al FMI heredada del macrismo con un nuevo préstamo del organismo. Esto significa que se asume nueva deuda con el Fondo para pagar vieja deuda con el Fondo. El nuevo préstamo contará con un plazo de gracia de cuatro años y medio, por lo cual deberá cancelarse con pagos a realizar entre 2026 y 2032, en un cronograma de desembolsos aún incierto. De este modo, el oficialismo entierra un poco más su eslogan de “nunca más” a la deuda.

El gobierno debe generar las condiciones que permitan en el futuro cancelar los compromisos asumidos desde 2026 en adelante: en criollo, sacar plata de algún lado para pagar la deuda. Para eso se necesita un ajuste, el cual está implícito en el sendero fiscal anunciado. Comenzará con un recorte del déficit primario (es decir, la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta sin considerar los pagos de deuda) para llegar al de 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) para este 2022. El ministro de Economía ni pestañeó al decir este número mientras en diciembre defendió un Presupuesto con déficit distinto: de 3,3%. De estos números resalta que el Fondo impuso un recorte adicional de 0,8% del PIB para el corriente año: siguiendo los cálculos del PIB que hizo el Ministerio de Economía para 2022, el recorte de 0,8% adicional impuesto por el FMI alcanzaría a alrededor de $ 481 mil millones o el equivalente a cuatro meses de pagos del haber mínimo jubilatorio a cuatro millones de adultos mayores.

Este recorte se suma al realizado durante 2021 que comprendió, entre otros ajustes, un ahorro de $ 160 mil millones en jubilaciones y pensiones[7] y al que había decidido Guzmán para 2022 antes del acuerdo. La dimensión del recorte entre 2021 y 2022 fue disimulada por el efecto de factores operantes el año pasado que no estarán presentes en el actual: recaudación por aporte solidario; recaudación incrementada de retenciones gracias a los elevados precios internacionales; y los Derechos Especiales de Giro (DEG) que envío el Fondo a todos los países miembro.

El sendero de ajuste fiscal continuará en 2023 con un recorte adicional de 0,6% del PIB para que el déficit llegue a 1,9% del Producto. Otro tanto ocurrirá en 2024 con otro ajuste del 1% para alcanzar la meta de 0,9% de déficit en relación al PIB. Este sendero, presuntamente gradual, de ajuste establecerá estrechos límites al crecimiento de la economía.

El ajuste fiscal afectará por la vía directa el presupuesto público. En el futuro se develará en qué medida el ajuste afectará a la educación, a la salud, a los jubilados, a los beneficiarios de programas sociales y a los empleados del Estado, entre otros destinos sociales de los recursos públicos. Es que se necesitan liberar esos recursos en favor de los acreedores privados y el FMI.

Como discípulo de Joseph Stiglitz (y su credo neokeynesiano), el ministro Guzmán sabe muy bien que el sendero de reducción del déficit fiscal comprometido le quita herramientas al Estado para incentivar el crecimiento económico[8]. El oficialismo hace malabares para explicar que no habrá ajuste en términos reales del presupuesto afirmando que la reducción del déficit se alcanzará gracias al crecimiento y a mayor recaudación. Pero es, justamente, el crecimiento el que se está comprometiendo con el sendero de reducción del déficit acordado.

Ajuste inflacionario

El gobierno cuenta con cierto margen discursivo para intentar disimular el ajuste porque una de las armas privilegiadas para recortar el poder de compra de las partidas presupuestarias estatales y de los ingresos populares es a través de la inflación. No es un ajuste que se anuncia formalmente en una conferencia de prensa, sino que opera por la “mano invisible” de los “mercados” a través de distintos mecanismos: el más evidente es la remarcación de precios por parte del gran capital que concentra la producción en las ramas alimenticias, de productos de consumos popular o insumos difundidos como el acero o el cemento.

Pero hay más. La proclamada reducción de la brecha cambiaria que pide el Fondo no significa otra cosa que aumento del dólar oficial que, aunque sea gradual, y no comprenda (por ahora) un salto cambiario violento, impactará, como todo el mundo sabe en este país, retroalimentando el ya elevado nivel de inflación. En el polo opuesto, el ajuste cambiario beneficia en particular a los exportadores (principalmente a los agroexportadores) porque ganan más pesos argentinos por cada dólar exportado y, más en general, a toda la clase capitalista vía la devaluación del salario local medido en dólares.

Por último, como señaló el comunicado del Fondo sobre el acuerdo alcanzado, un aspecto central del programa será la reducción de subsidios a los servicios públicos. Esto implica aumento de tarifas de gas y luz que, aunque por el momento no se anuncian con el alcance de los tarifazos macristas, se aplicarán sobre ingresos populares que acumulan cuatro años de deterioro desde 2018.

Como bien grafica la anécdota antes citada de Canitrot, un objetivo poco explicitado, pero siempre buscado, en los programas que aplica el Fondo en todo el planeta es atacar el salario real: es decir, su poder de compra. Al contrario de lo que dijo Guzmán en la conferencia sobre el aumento del salario real, el combo de ajuste fiscal, reducción de la brecha cambiaria y reducción de subsidios a servicios públicos, ubicará al salario real en situación de fragilidad.

El nuevo acuerdo llega sobre condiciones sociales agravadas por la pandemia y por las restricciones sobre las que operó la economía argentina aún antes de un entendimiento con el Fondo: nuestro país fue uno de los que menos gasto público realizó para enfrentar las consecuencias del Covid, no solo en comparación con las potencias económicas, sino incluso en relación con países vecinos con gobiernos ubicados a la derecha. Las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con denuncias sobre el ajuste fiscal se basan en esta realidad: en 2021, según dijo CFK, el gobierno gastó más en pagos al FMI que en atender la emergencia por el Covid. A confesión de partes, relevo de pruebas.

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Negocios para especuladores locales

El sendero acordado de reducción del déficit primario requiere que en la transición el Estado consiga recursos para cubrir el rojo fiscal: esto es, cubrir la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta. Esquemáticamente, para cubrir esa diferencia puede recurrir a diversas fuentes: a) endeudamiento externo, pero está cerrado por la actual crisis de deuda; b) emisión monetaria del Banco Central, pero se va a reducir por lo acordado con el Fondo; c) aumento de impuestos, pero nunca está en el debate con el organismo internacional afectar fuertemente los intereses de los grandes capitalistas para “equilibrar” las cuentas con impuestos progresivos; d) financiamiento en el mercado local.

El acuerdo anunciado conduce a desarrollar esta última vía de financiamiento. Es así que se va a expandir un jugoso negocio con la deuda pública en favor del capital financiero que actúa en estas pampas. Esta vía ya la venía desarrollando Guzmán hace rato, pero ahora adquirirá una nueva escala. Esto significa un reemplazo del financiamiento del déficit en detrimento de la emisión monetaria del Banco Central (que en sí misma no es buena) y en favor del capital privado (que seguro es peor). Es evidente, que para el Ministerio de Economía será más difícil obtener financiamiento de los bancos y fondos de inversión que del Banco Central (aunque este formalmente sea “autónomo” de Economía): según lo acordado, la asistencia de la autoridad monetaria para atender el déficit fiscal se deberá reducir desde el 3,7% del PBI que registró en 2021 al 1% para este año. Este desplazamiento del financiamiento estatal a favor del capital privado es un refuerzo, un reaseguro del FMI, para forzar la reducción del gasto público.

Para que el financiamiento en el mercado local se desarrolle es que se anunció el aumento del actual esquema de tasas de interés: la idea es que sean positivas en términos reales (es decir, que le ganen a la inflación). Constituye un incentivo adicional a la especulación, que también el Banco Central había comenzado a poner en práctica antes del acuerdo. El aumento de tasas de interés implica encarecer el crédito productivo: por ejemplo, para un pequeño productor que quiere comprar una máquina nueva o para un comerciante que busca ampliar su modesto local será más caro tomar un préstamo. Lo mismo ocurrirá con el crédito al consumo: para una trabajadora o un trabajador que quiere adquirir una heladera, un televisor o cualquier producto en cuotas, ahora será más difícil gracias al Fondo.

De este modo, el aumento de tasas de interés implica una traba adicional al crecimiento económico que el Frente de Todos dice defender como principio.

Juntar dólares para la deuda

Según la reestructuración de deuda que hizo Guzmán en 2020, el cronograma de vencimientos que enfrenta Argentina con acreedores privados, con los lobos de Wall Street, es gigantesco a partir de 2024/2025. A eso se sumará, desde 2026, la nueva deuda a pagar al FMI. Se trata de un cronograma de pagos de deuda tan exigente que será prácticamente imposible de abordar. Por lo tanto, otra crisis de deuda está en el horizonte inmediato.

No basta con la generación de recursos fiscales para pagar la deuda. Además, el Estado necesita adquirir los dólares porque una parte significativa de los vencimientos que enfrentará desde 2024/2025 será en moneda estadounidense. En tal sentido, se entiende porque otro de los puntos centrales del acuerdo anunciado comprende la acumulación de reservas en dólares en el Banco Central: son reservas para pagar la deuda. Pero la acumulación de reservas para pagar deuda en el país de la “restricción externa” (es decir, la escasez de dólares para sostener el crecimiento, que en parte se explica por la fuga de capitales) implica que los dólares disponibles en estas pampas estarán en disputa entre los que hay que guardar para pagar la deuda y los que se necesitan para sostener la actividad económica. En un país atrasado y dependiente como el nuestro, el crecimiento depende de la disponibilidad de dólares: se necesitan para importar bienes de capital (máquinas, tecnología, etcétera), bienes intermedios (insumos) o bienes de consumo final.

En este contexto, también se entiende la política talibán del oficialismo para impulsar el extractivismo minero, hidrocarburífero y agropecuario con el fin de obtener dólares en el comercio exterior: es reventar el medio ambiente para pagar la deuda.

Estancamiento económico y degradación social

El acuerdo llega a relegar más las necesidades sociales urgentes cuando la pobreza afecta al 40,6% de la población y ronda el 60% entre los niños y jóvenes de hasta 14 años. Ni en el mensaje del presidente ni en la conferencia de prensa posterior de Manzur y Guzmán se indicaron políticas para terminar con esta grave realidad social. Tampoco se explicitaron metas de crecimiento económico, a pesar de que defender la “recuperación” es uno de los latiguillos del oficialismo.

El crecimiento de 2021 permitió recuperar la caída de 2020 por el Covid, pero no la retracción acumulada desde 2018. No solo eso: el crecimiento sostuvo en niveles elevados los graves índices sociales y aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso: es decir, es un crecimiento que se lo quedaron unos pocos, los más poderosos del país, los más ricos.

La economía argentina se encuentra en situación de virtual estancamiento desde 2012/2013. La CEPAL habla de una “década pérdida” para América Latina. En este panorama está inmersa la realidad del país. Por eso, el crecimiento 2021, desigual socialmente y también por ramas de actividad, no significa ningún “milagro”. El combo de ajuste fiscal, aumento de tasas de interés y acumulación de reservas afecta la actividad económica por distintas vías, como se intentó explicar más arriba al analizar cada factor en particular. Con el FMI al mando de la economía, el país difícilmente saldrá de esta situación de letargo.

Entrega soberana

El acuerdo fue presentado por el oficialismo con la intención de ocultar las graves consecuencias que traerá para las condiciones de vida del pueblo trabajador. “Alcanzamos un acuerdo que no contempla restricciones, que posterguen nuestro desarrollo, no limita, no restringe, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral y no nos impone llegar a un déficit cero", afirmó el presidente Fernández.

El acuerdo del Fondo con el macrismo tampoco contempló reformas jubilatorias ni laborales. Estaba en el aire (y sigue estando) el rechazo a la fórmula de actualización jubilatoria con la movilización de diciembre de 2017. Pero aquel acuerdo, igual implicó un ataque a los ingresos de los adultos mayores y de los trabajadores. El nuevo pacto, obviamente, no plantea devolver lo robado a los jubilados en cuatro años de ajuste ni terminar con las jubilaciones de miseria: solo en este sentido es cierto que “no condiciona los derechos de nuestros jubilados”.

Además, lejos de la afirmación del presidente Fernández, la falta de resguardo ante la inflación de la nueva fórmula de actualización de jubilaciones que impulsó el Frente de Todos podría implicar nuevas pérdidas del poder de compra de los adultos mayores y otros beneficios sociales atados a esa fórmula, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), si se deteriora el salario de los trabajadores activos o la recaudación.

El régimen capitalista, frente al seguro rechazo de una reforma laboral general por parte del movimiento obrero, busca avanzar por sectores o por empresa. Es lo que hizo el macrismo con la flexibilización del convenio petrolero para Vaca Muerta, o como hizo el Frente de Todos dando vía libre a una flexibilización del convenio automotriz en Toyota. No solo eso: avanza el trabajo precario en las empresas que operan con aplicaciones con el visto bueno del Ministerio de Trabajo; el crecimiento del empleo reciente se caracteriza por una fuerte proporción de informalidad; entre otros ejemplos.

Pero el acuerdo de facilidades extendidas al que llegó el gobierno actual comprende reformas estructurales: así lo explicita la página web del FMI. No se puede descartar que ese tipo de reformas puedan aparecer como exigencia del Fondo si no se cumplen las metas acordadas. No es descabellado que el acuerdo deba readecuarse en poco tiempo: el Fondo siembra las condiciones del fracaso con metas potencialmente incumplibles. Esto ocurrió incluso con el macrismo a quien el Fondo le “dio todo”: en el mes de octubre de 2018, a pocos meses del primer acuerdo, tuvo que readecuar el programa económico con cierre de ministerios, metas de emisión monetaria cero y déficit cero para 2019.

El Fondo contará con un instrumento formidable con las revisiones trimestrales que establecerá sobre la economía argentina: ese escaneo casi permanente implicará una intromisión insoportable en todos los asuntos de estado, en particular en las cuentas públicas. Los burócratas del organismo dirán qué está bien y qué está mal. Este sometimiento se afianzará con un arma adicional sobre la sien de la economía argentina en manos de los mandantes de Washington: cada tres meses, el Fondo decidirá si manda fondos frescos para cancelar los gigantescos pagos comprometidos por el macrismo.

Si el Fondo decide cerrar el grifo ante un incumplimiento argentino, provocaría una crisis de dimensión mayor que la que supuestamente se está exorcizando con el acuerdo.

Convalidar una estafa

El endeudamiento macrista está plagado de fraudes. Desde el pago a los fondos buitres (con el apoyo de “ventajita” Sergio Massa) en atención a un fallo de un juez de Nueva York; pasando por la emisión del bono a cien años que realizó el exministro de Finanzas, Luis Caputo, en beneficio de un fondo de inversión del cual él había sido accionista y de la J.P. Morgan, banco del que había sido empleado; hasta el capítulo final del préstamo del FMI, que implicó un aval del gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, a la continuidad de Macri en el poder.

Durante el mandato de Macri se fugaron U$S 86 mil millones de dólares del país. Esa fuga gigantesca de recursos que salieron se financió con la deuda. Un informe del Banco Central indica que “un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones”[9]: se destacaron Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y Techint, entre muchas otras.[10]. Esa fuga es organizada por el sistema bancario.

Luego de denunciar que el crédito que concedió el organismo a Mauricio Macri fue un crédito político para facilitar su reelección, un crédito que extralimitó la cuota de Argentina, un crédito que facilitó la fuga de capitales a guaridas fiscales, un crédito que no pasó por el Congreso, el oficialismo, sin beneficio de inventario, decidió convalidar la estafa.

El fraude macrista tuvo consecuencias graves: por ejemplo, en los 19 meses que van desde junio de 2018 (primer acuerdo con el Fondo) a diciembre de 2019 (fin del mandato), el poder de compra del salario retrocedió 13 puntos porcentuales en el sector privado registrado, 10 puntos porcentuales en el empleo público y 19 puntos porcentuales entre los trabajadores y trabajadoras informales. El porcentaje de personas pobres pasó de ser el 27,3% en el primer semestre de 2018 al 35,5% en el segundo semestre de 2019. Estos números grafican con claridad que el acuerdo con el Fondo fue contra los intereses de la población. En la actualidad, las cifras de las penurias sociales se agravaron.

No repetir la historia de decadencia

La historia es abundante en testimonios de cómo el Fondo hundió al país desde la dictadura a esta parte. Por donde se la mire, la deuda asumida por Macri con el FMI califica como deuda odiosa y su pago debe ser rechazado[11]. Para evitar repetir siempre la misma historia, la izquierda plantea una salida opuesta al régimen capitalista: el desconocimiento soberano de la deuda basado en la movilización obrera y popular; y un programa de reorganización económica y social en beneficio de las mayorías.

Un desconocimiento soberano (no pago), en el horizonte que lo plantea la izquierda, no es lo mismo que la aventura de un default, como el de Argentina en 2001 o como hizo Macri con la deuda en pesos al final de su mandato. El default es una medida a la que recurren los Estados capitalistas cuando se quedan sin recursos, para luego volver a pagar, a hacer negocios como siempre. Es una aventura porque es una medida aislada y circunstancial, que les permite a los grandes grupos empresarios hacer lo que quieran: fugan capitales o presionan por una devaluación mientras se hunde en la pobreza a las mayorías.

Un desconocimiento soberano apoyado en la movilización popular debe ser acompañado con una serie de medidas de defensa nacional que impidan la fuga de capitales y el caos económico que quieren generar los buitres especuladores. Establecer la nacionalización de la banca mediante la expropiación de los bancos privados para conformar un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, permitiría terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales y cuidar el ahorro nacional; además, constituiría una herramienta para financiar la obra pública (escuelas, hospitales, viviendas), para otorgar créditos accesibles para la vivienda y otros fines a los trabajadores y sectores populares; o para ayudar a los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis.

También la nacionalización del comercio exterior es clave para barrer con el actual oligopolio privado manejado por unas pocas empresas transnacionales y nacionales que todo el tiempo especulan con el dólar y hacen fraude al fisco. Para terminar con el régimen de las privatizadas, de los tarifazos y los cortes de luz, es esencial la nacionalización de los servicios públicos. La expulsión del Fondo del país debe ser obra de la movilización obrera y popular. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía de modo que todos los recursos se orienten al desarrollo económico del país y a la atención de las necesidades sociales más urgentes. Lo contrario, es someterse a la pesadilla eterna del FMI.