Cuando los españoles se den cuenta de la presencia que tienen las organizaciones criminales italianas en su propio país ya será demasiado tarde». La advertencia es de Giovanni Russo, fiscal general adjunto de la Dirección Nacional Antimafia (DNA) que lleva casi 37 años luchando desde los tribunales contra los distintos grupos mafiosos, para los que España se ha convertido en un lugar de importancia vital en su red de negocios criminales.

Dos significativas detenciones que se han producido en los últimos días lo han vuelto a poner de manifiesto. El 5 de agosto, una operación conjunta de la Policía Nacional española y de los Carabinieri italianos permitía el arresto en Madrid de Domenico Paviglianiti, que estaba en busca y captura en su país porque le quedaba pendiente el cumplimiento de una pena de once años y ocho meses por los delitos de homicidio, pertenencia a asociación mafiosa y tráfico de estupefacientes. Paviglianiti es el capo del clan homónimo de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, considerada hoy la más poderosa de las organizaciones de la 'Cosa Nostra' y que lleva operando en España desde hace al menos 25 años.

Solo dos días después del arresto de Paviglianiti en el madrileño barrio de Cuatro Caminos, era detenida en el aeropuerto romano de Ciampino, antes de que tomara un avión con destino a Málaga, Maria Licciardi, jefa de uno de los clanes de la Camorra y probablemente la mujer más poderosa de este cártel criminal surgido en Nápoles y su región, Campania. Licciardi viajaba a la capital de la Costa del Sol para visitar a su hija, que vive allí, aunque los investigadores tienen claro que el desplazamiento no era ajeno a las inversiones que su grupo mafioso tiene en nuestro país.

«España se ve como un lugar muy importante desde el que continuar expandiendo los intereses del crimen organizado y en el que los delincuentes tienen una mayor esperanza de conseguir una cierta impunidad. La relación inicial de las organizaciones mafiosas con España se explica porque constituye un nodo importantísimo para las redes del tráfico de estupefacientes con África y Latinoamérica por su posición geográfica», explica Russo. «Es una base segura y un objetivo para la ilegalidad mafiosa. Es un lugar clave en el tránsito de la droga, pero también un sitio para invertir y lavar el dinero negro». Ese interés inicial fue ampliándose con el paso de los años.

Además de convertirse en un lugar en el que algunos mafiosos conseguían esconderse de la justicia para iniciar una nueva vida tratando de pasar desapercibidos, nuestro país ha ido convirtiéndose en un terreno propicio para intentar hacer negocios e inversiones, en las que se blanquea el dinero obtenido por medios criminales. Lo revela el último informe semestral que presentó al Parlamento italiano la Dirección de Investigación Antimafia (DIA), el organismo formado por más de 4.000 agentes elegidos entre lo más granado de la Policía, los Carabinieri y la Guardia de Finanzas. Junto con la DNA, constituye la punta de lanza en la lucha contra el crimen organizado. La Camorra, el grupo mafioso de origen italiano con mayor presencia en España tras la 'Ndrangheta, aprovecha sus tentáculos en nuestro país «para concretar ulteriores actividades ilícitas», según denuncia el citado informe de la DIA.

La 'Ndrangheta y la Camorra llevan años comprando viviendas, otras propiedades inmobiliarias y negocios en España a través de intermediarios. «Esto al principio alguno puede no considerarlo un problema porque parece una inversión, pero se trata de un flujo de dinero que proviene de intereses criminales y que acaba contaminando la sociedad», advierte Russo. La primera fase de la infección económica y social que pretenden los mafiosos viene cuando convencen a abogados, directores de filiales bancarias y a asesores fiscales para que colaboren con ellos y se conviertan en sus testaferros. Según el fiscal general adjunto de la DNA esto es algo que ya ocurre en España y que constituye la «primera contaminación social».

El siguiente paso viene cuando los mafiosos tratan de corromper o atemorizar a las autoridades locales para que miren hacia otro lado y les permitan sus negocios. «Si lo consiguen se da un paso más y los criminales se sentirán más fuertes, hasta que llegue un punto en el que se sientan tan fuertes que no tendrán problemas en ostentar su poder».

Esa es la situación de algunas zonas de Italia, donde las organizaciones criminales ejercen un control territorial superior al de las instituciones del Estado. «Es entonces cuando la opinión pública se preguntará qué ha pasado, pero ya será demasiado tarde. Hay que actuar ahora», pide el fiscal.

La labor de pararle los pies a la expansión internacional de los grupos mafiosos pasa por la colaboración entre las fuerzas de seguridad de los distintos países. Grasso solo tiene palabras de agradecimiento para la Policía española y la Guardia Civil, que considera «leales, no corruptas y preparadas para cooperar y trabajar juntos». En cambio, echa en falta una mejor coordinación judicial a nivel europeo para contar con una «estrategia común» que ofrezca «una visión supranacional» de los flujos criminales. «En la DNA pensamos que debe superarse el nivel nacional y las particularidades locales». Sin esa nueva «filosofía» resulta difícil seguirle el paso a organizaciones criminales con una clara visión global y ramificaciones en numerosos países.

Lo reconoce también un miembro de las fuerzas de seguridad italianas que lleva años en la lucha antimafia y que exige mantener el anonimato. «Para nosotros es difícil seguir su evolución. Cada vez más nos encontramos con tipos de chaqueta y corbata que consiguen infiltrarse al más alto nivel económico para lavar el dinero negro», cuenta este veterano agente, que recuerda cómo en los años noventa los policías españoles y de otros países europeos «no entendían» a sus colegas italianos cuando éstos les advertían sobre la infiltración de las organizaciones mafiosas en sus propios territorios. «Ahora todo es más fácil y la sensibilidad de la Unión Europea es más fuerte frente a este fenómeno, pero todavía hay casos en los que no nos resulta fácil conseguir una extradición».

El general Giuseppe Governale, director de la DIA hasta el año pasado, ya advertía en un encuentro con periodistas extranjeros en 2018 de la infiltración de la 'Ndrangheta y de la Camorra en el Mediterráneo español, citando en particular Baleares y la Costa Brava. «La presencia es particularmente relevante en este archipiélago. Basta ir a una islita de Baleares para ver que todas las tiendas y restaurantes están gestionados por napolitanos», comentó Governale, que se refería probablemente a Ibiza, meta habitual del turismo italiano y donde cuenta con intereses la Camorra.

Es lo que llevan años denunciando algunos vecinos de las islas Pitiusas, que se vieron sacudidas el pasado mes de junio cuando, en el transcurso de una fiesta ilegal celebrada en una lujosa villa, dos italianos resultaron heridos de bala por un compatriota que pudo ser detenido luego por la Guardia Civil. El agresor tenía antecedentes y contaba con una causa pendiente en los juzgados de Ibiza por un delito relacionado con el narcotráfico.

«La mafia es algo que a los españoles les interesa mucho, pero no saben que la tienen en casa», dice el periodista Íñigo Domínguez, autor de 'Crónicas de la mafia' y 'Paletos salvajes: crónicas de la mafia II'. Con estos volúmenes ha intentado precisamente abrirle los ojos a la opinión pública de nuestro país ante lo que realmente significan las organizaciones mafiosas italianas, responsables de al menos 6.000 asesinatos, según algunas estimaciones. «Hay un falso mito asociado a la mafia. En realidad son personas con una mentalidad y unos modos brutales, capaces hasta de matar y torturar a niños», concluye Domínguez. «Para ellos no hay líneas rojas. Cuando se ve que los mafiosos están en la peor escala que se puede tener de una persona, empieza a comprenderse el fenómeno».