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Gerlin Ramírez Santana (43), presidente de Comandancia, habla con la misma calma que reina en esta comunidad amazónica del Perú donde hoy conviven 37 familias del pueblo yagua. Solo el tránsito de las embarcaciones sobre el río Amazonas interrumpe esa tranquilidad. Gerlin y sus vecinos observan, entre enero y junio de cada año, el traslado fluvial de cientos de troncos de viejos árboles extraídos de los bosques primarios y que terminan alimentando la demanda de madera en las principales ciudades del mundo.

“Desconozco quién es Inversiones La Oroza. Es algo nuevo para nosotros. Recién me traes ese nombre”, responde Gerlin Ramírez a OjoPúblico. Esta empresa, cuyas concesiones son cercanas a Comandancia, estuvo involucrada en el caso Yacu Kallpa, la incautación más grande de madera ilegal que ocurrió en 2015, cuando una embarcación pretendía llevar esa mercadería a México y Estados Unidos. Producto de esa intervención, La Oroza actualmente es investigada por tráfico de madera en Perú y tiene prohibido desde 2017 ingresar su mercadería a territorio estadounidense.

Pero todos esos antecedentes son nuevos para los habitantes de Comandancia. Más lejana es la existencia de una organización que se dedica a certificar la madera, el mismo producto que les permite subsistir en una precaria economía. Tal como ocurre con La Oroza, el pueblo yagua y sus vecinos de las comunidades de Santa Úrsula y San José de Topal menos aún han escuchado nombrar a Forest Stewardship Council (FSC), una organización global que emite etiquetas para certificar que la madera que utilizan compañías y organismos es “limpia”.

Tanto La Oroza como FSC fueron protagonistas de este caso clave para el comercio de madera ilegal en el Amazonas. En septiembre del 2021, la fiscalía ambiental de Maynas, en la región amazónica de Loreto, presentó, en el marco del caso Yacu Kallpa, una acusación por tráfico ilegal de madera peruana contra 90 empresarios y funcionarios del gobierno regional de Loreto. En 15 de las 35 carpetas presentadas, todavía sin programación de las audiencias orales, se ha incluido a Inversiones La Oroza, firma que era dueña del 80% de toda la madera incautada en 2015. Pese a estar involucrada en este proceso fiscal, la certificadora de madera FSC renovó en mayo del 2021 la etiqueta de madera limpia para La Oroza hasta 2026, un sello que garantiza un origen respetuoso con el medio ambiente, los derechos humanos y los pueblos originarios.Desde una oficina en Bonn, Alemania, la certificadora FSC se convirtió en los últimos años en un actor fundamental para la comercialización de madera a nivel mundial, que incluye operaciones de tala teóricamente autorizadas desde los bosques del Amazonas, África e Indonesia hasta los bosques de Siberia. Es un organismo integrado por activistas ambientales, organizaciones civiles ecologistas y empresas del sector que emite certificados que, tras un proceso de auditorías, aseguran que la madera producida por una compañía es sostenible.

SIN INFORMACIÓN. En la comunidad yagua de Comandancia, en Loreto, no saben qué empresas operan en los alrededores de sus territorios y tampoco han oído hablar sobre la certificación FSC.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

El logo de FSC, un simpático dibujo de un árbol verde, ha inundado las etiquetas de cientos de productos en las góndolas de los supermercados. Desde un refresco, un cuaderno escolar o papel higiénico hasta una mesa de jardín. Ese sello se ha convertido en un escudo para grandes empresas multinacionales que pueden gritarle al mundo que utilizan madera cuyo origen no proviene de la tala ilegal o la deforestación. Las etiquetas verdes también se han convertido en un buen negocio: FSC registró ingresos por US$ 44 millones en 2020, según su propio balance financiero.Los vacíos del sistema de la certificadora FSC, que en muchos casos ha permitido a empresas maquillar madera de origen ilegal, despertó preocupación en los últimos meses entre las organizaciones civiles y los activistas. En noviembre del 2021, 34 ONGs europeas reclamaron cambios estructurales urgentes en las auditorías de FSC, acusaron a la organización de incentivar la deforestación y de confundir a los consumidores mediante la utilización de distintas etiquetas. Pero como ocurrió en el caso de La Oroza, son varias las empresas que a pesar de contar con las siglas FSC en sus productos enfrentan investigaciones por tráfico de madera y han sido sancionadas o acusadas de utilizar madera proveniente de la tala ilegal. Otras compañías certificadas, además, han sido denunciadas por perseguir a los habitantes locales o acusadas de acordar con gobiernos que no respetan los derechos humanos. Como ocurrió en Perú, los casos se repiten en Alemania, Rusia, Rumania, Ucrania y China, entre otros países.

“Las certificaciones verdes son más importantes de lo que creemos. En los países ricos, las autoridades se fijan en estos sellos y se conforman con que todo sea legal. Pero estas etiquetas hacen falsas promesas al consumidor. Hoy hablamos de la madera, pero mañana muchas otras mercancías que proceden de la deforestación, como la carne vacuna o la soya, también podrían ir acompañadas de estos falsos certificados de sostenibilidad”, dijo a OjoPúblico Tara Ganesh, investigadora de Earthsight.

Earthsight junto a otras organizaciones como Greenpeace y Environmental Investigation Agency (EIA) dieron un paso más al afirmar que, con el proceso de certificación actual, FSC funciona como una lavadora para los fabricantes de madera y las grandes marcas que utilizan productos cuyo origen legal no pueden asegurarse. Pero el futuro de la certificadora de madera más importante del mundo, un caso que se debate en los escritorios de las capitales europeas, tiene implicancias directas en los árboles del Amazonas y en muchas áreas protegidas de nuestro continente.

SERVICIOS. La vida en la comunidad de Comandancia (Loreto) transcurre sin agua potable ni red telefónica. Y la luz eléctrica requiere de baterías externas.

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro.

“FSC tiene el mejor sistema de certificación de madera del mundo, no tengo ninguna duda. Estamos tomando acciones de mejora en nuestro sistema, que está en mejora constante. Estamos invirtiendo muchísimo en tecnología para ser más asertivos. Desde 2015 hasta hoy hemos avanzado enormemente y eso es porque hemos estado dedicados a mejorar”, argumentó Bruno Rath, director de FSC para América Latina en una entrevista con OjoPúblico.

Los casos de empresas sancionadas por usar madera de origen ilegal, a pesar de contar con la etiqueta verde se multiplicaron en los últimos años. ¿Un ejemplo? La justicia alemana condenó el pasado abril al empresario Stephan Bührich, director general de la maderera WOB Timber GmbH y a varios de sus empleados por importaciones ilegales procedentes de los bosques de Myanmar. El ejecutivo fue condenado a 21 meses de prisión bajo libertad condicional y a la compañía se le confiscaron más de 3,3 millones de euros correspondientes a las 31 exportaciones procedentes del país asiático. WOB Timber importó teca, una madera que se utiliza sobre todo para amueblar yates de lujo.

WOB Timber, que tiene certificación FSC vigente hasta mayo de 2022, no solo importaba madera desde Asia. Mientras el ejecutivo Bührich escuchaba la condena de la justicia, su compañía importaba un cargamento de madera del Amazonas, según los registros aduaneros consultados. La empresa alemana registró, entre febrero del 2020 y septiembre del 2021, más de 39 toneladas en seis cargamentos de madera aserrada adquirida a la compañía Mil Madeiras Preciosas Ltda, con sede en el estado brasileño de Amazonas.

La compañía maderera de Brasil, que forma parte del grupo suizo Precious Woods, registra dos certificaciones FSC de cadena de custodia, una vigente hasta noviembre del 2022 y otra hasta agosto del 2024. “¿La madera que importó WOB Timber desde el Amazonas, que está certificada, es 100% de origen sostenible?”, preguntó OjoPúblico. Lejos de una certeza, FSC respondió que la organización no cuenta “con información específica de este caso”.

“FSC sólo ha certificado el 2% de los bosques de América Latina. El enfoque está equivocado: el riesgo está en el 98% restante, que está dejado al azar del narcotráfico, de la ganadería, de la soya y de la minería ilegal. Ese es el verdadero riesgo. Ese 98% sin certificar no cuenta con protección alguna. Desde FSC necesitamos sumar a más actores públicos y privados, necesitamos hacer acuerdos con gobiernos. Esa es la inquietud que no me deja dormir”, argumentó Rath.

Cómo funciona la etiqueta verde

FSC, la certificadora de madera más importante del mundo, es una asociación civil constituída en México pero cuya oficina central funciona en Alemania. La organización está integrada por tres áreas: empresarial, social y ambiental. Cada una de ellas elige cuatro representantes que conforman los 12 miembros del board internacional de FSC. Los latinos son mayoría en este grupo de dirigentes que toma las decisiones más trascendentes de la organización.

A su vez, FSC tiene capítulos en varios países. En el consejo directivo de FSC Perú, por ejemplo, aparece Alfredo Biasevich Barreto. Este abogado también es presidente del comité de madera de la Sociedad Nacional de Industrias, cargo desde el que ha mostrado su rechazo a una posible inclusión del shihuahuaco en la lista de especies en peligro, pese a que científicos han advertido de que este árbol está en peligro de desaparecer.

¿Cómo funciona FSC en la práctica? La organización cuenta con un grupo de empresas auditoras que pone a disposición de las compañías que deseen certificar su madera. Estas firmas, entonces, deben contratar a las auditoras para que realicen la inspección correspondiente. En algunos casos, la revisión es física y detallada, pero en otros —depende del tipo de certificado que se requiera— solo se revisa documentación legal.

Esta modalidad financiera sobre la que descansa el sistema de FSC despierta polémica desde su concepción. “Los recientes escándalos mostraron que existe complicidad en las relaciones y una ceguera intencionada de los auditores que se han puesto de manifiesto en el fracaso de los mecanismos existentes. Esto crea un grave conflicto de interés y debilita la integridad del proceso principal del FSC: la auditoría. La organización debe considerar de manera significativa, justa y abierta nuevos acuerdos de financiación alternativos”, reclamaron las 34 ONGs en su carta. En un escenario favorable, la firma solicitante recibe el sello FSC por cinco años con auditorías anuales para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Además, la empresa certificada debe realizar un pago periódico por mantener la licencia que varía de acuerdo al tamaño de la compañía. FSC se queda con un porcentaje de ese canon. Si una firma no cumple con los requisitos, la empresa puede pedir nuevas auditorías con la implementación previa de cambios incluidos en el informe de certificación rechazado.“Repito: es el mejor sistema de certificación de madera del mundo. Nuestra gran cantidad de clientes nos da garantía de independencia. Los auditores pueden decirle que no a un cliente que no pasa nada porque tenemos muchos clientes. No necesitamos a un sólo cliente en particular, no importa cuán grande sea”, argumentó Rath.FSC emite distintos tipos de certificación en todo el mundo. En Brasil, el primer paísde la región, existen más de 1.400 sellos vigentes y en Perú hay otros 74, el 28,3% de ellos otorgados entre 2020 y 2021.En los registros del FSC también aparecen otras 76 certificaciones caducadas entre 2007 y 2021. La organización puede entregar su sello como parte de la modalidad “cadena de custodia”, que comprueba que los productos usados por fabricantes, procesadores y comerciantes se encuentren separados de materiales que no cuenten con la certificación FSC. La mayoría de los certificados peruanos (56 casos) corresponden a este tipo de auditoría.Existen 11 certificaciones en el Perú correspondientes al manejo forestal otorgado a administradores o propietarios de bosques que acreditan, luego de aprobar una evaluación, los lineamientos de la FSC. Y otras cuatro certificaciones pertenecen a la categoría de madera controlada, otorgada a productos cuyo origen son bosques que no tienen certificación FSC pero se encuentran verificadas para evitar madera procedente de “fuentes inaceptables”. Los productos de este rubro pueden estar combinados con madera certificada y en estos casos llevan una etiqueta “FSC Mixto”. “Los diferentes tipos de certificados con distintos estándares confunden aún más al consumidor, desde "FSC 100 %" a "Madera controlada" a "FSC mix", que puede incluir madera no certificada”, insistieron las ONGs en su carta, otro de sus reclamos a la certificadora. Para Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA, una de las fallas de este sello internacional es que no se ha enfocado en advertir lo que ocurre en el bosque ni más allá de lo certificado a sus miembros. “La FSC no debería permitir que las empresas certifiquen solo una pequeña parte de su negocio y lo utilicen como estrategia de relaciones públicas para encubrir su actividad habitual. Esto, en el mediano y largo plazo, puede acabar con la reputación del sello y las empresas que sí se esfuerzan por hacer las cosas bien ya no van a querer tener la misma certificación que las ilegales”, comentó a OjoPúblico.

Una vez emitidos los certificados saltan las alarmas. Hay 614 casos de etiquetas suspendidas en 69 países. El listado se encuentra encabezado por India (91), Ucrania (66) y Vietnam (36). Brasil es el primero de la región con 33 certificados suspendidos. En este mismo grupo, tres pertenecen a Perú y otras 54 a América Latina (un 9,2% del total). En el caso peruano se trata de las compañías Wayra Impresión Digital, Amaz Home SAC y Concesión Sepahua SAC, las dos primeras con domicilio en Lima y la última en la región Ucayali. Todas las firmas fueron suspendidas el 2021 y sus certificaciones tenían vigencia hasta el 2022 y 2024.

ALIMENTOS. Una vez por semana, miembros de la comunidades vecinas de Comandancia y Santa Úrsula atraviesan en río Amazonas para comprar diferentes tipos de carne ahumada.

LÍDER. Richard Delgado, presidente de la comunidad yagua de San José de Topal, se dedica a diario a la agricultura de sus frutas y verduras.

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro.

Al ser consultados sobre la certificación otorgada a Inversiones La Oroza y su investigación por el caso Yacu Kallpa, la oficina en Perú de FSC señaló que “la madera cuestionada no provenía de áreas certificadas, si no que se trataba de madera adquirida a terceros y que fue comercializada también como madera no certificada”. Al insistir por los filtros que manejan para garantizar la sostenibilidad en el origen de la madera, la oficina local indicó que la “certificación de manejo forestal” se aplicaba a un bosque o área de bosque en particular y no a toda la empresa.

Para el caso de certificación de cadena de custodia, de acuerdo a la respuesta de la oficina de FSC en Perú, se daba certificación a un “producto específico” en la cadena de suministro y no a “todos los productos y cadenas de suministro de una empresa los que están certificados”. Es decir, contar con este sello no significa que una empresa se encuentre libre de estar vinculada a actividades ilícitas.

El Consorcio Maderero SAC y el Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC, dos firmas vinculadas a Edgar Vargas Pulido, un empresario procesado en la fiscalía ambiental de Loreto y la de crimen organizado de Ucayali, también cuentan con certificaciones FSC vigentes.

El especialista del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), Rolando Navarro Gómez, considera que todas las compañías que cuentan con bosques certificados han cumplido los estándares y principios del FSC. Sin embargo, el problema se encuentra en la madera sobre la que no se conoce el origen y que también adquieren las compañías. “Digamos que yo como empresa tengo un compromiso de [comercializar] 100 mil metros cúbicos de madera, pero de ese total solo 20 mil metros proceden de mis bosques certificados y el resto de cualquier sitio. Ese origen es la controversia. Allí es donde el FSC no está entrando a hacer esa auditoría”, explicó a este medio.

Cuando el sistema falla

El último caso que volvió a poner a FSC bajo la lupa involucra toneladas de madera de origen ilegal provenientes de bosques protegidos en Siberia, Rusia, que se utilizaron como materia prima para la producción de muebles de Ikea, la multinacional sueca que está presente en la mayoría de los hogares de clase media europeos. Las irregularidades que habrían cometido las compañías del magnate ruso Evgeny Bakurov no fueron descubiertas por los auditores de FSC, sino por la ONG británica Earthsight, que publicó la investigación el pasado junio.

Lo mismo ocurrió con la empresa austríaca HS Timber Group. La organización EIA reveló en 2015 que esta empresa, con etiqueta FSC, compraba madera de la tala ilegal en Rumania, un caso que llegó hasta el Congreso de ese país.

“Un defecto fundamental del sistema FSC es que no parece estar diseñado para detectar y sancionar las infracciones, sino que depende de actores externos, en la mayoría de los casos ONGs independientes. De estas organizaciones dependen para descubrir ilegalidades y otras infracciones a sus propias normas”, sostuvo Julia Urrunaga de EIA.

“Es raro obtener una reacción rápida y significativa de FSC ante las quejas legítimas. Los casos en los que el FSC se ha desvinculado de ciertas empresas han requerido una enorme presión externa y pública para llegar a este resultado. Lo que ocurre es que suelen suspender temporalmente a las empresas por infracciones, y levantar la suspensión una vez que una organización acreditada ha determinado que se han tomado suficientes medidas correctoras”, agregó.

Rath eligió comparar las decisiones de FSC con el accionar de la justicia. “Veamos qué ocurre en los tribunales: uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio fundamental. Estamos abiertos a recibir denuncias y las tomamos muy en serio, porque no son decisiones que se puedan tomar a la ligera. Justamente, esa seriedad puede ocasionar lentitudes que pueden alargar un poco los procesos. Pero tenemos que ser asertivos y precisos con la decisión”, sostuvo.

¿Qué ocurrió en Rumania? Después de que se hiciera público el escándalo por madera de origen ilegal, la certificadora alemana suspendió la licencia de HS Timber Group. Pero algunos años después, el pasado noviembre, FSC anunció que volverían a trabajar en conjunto porque la empresa había podido demostrar cambios que garantizan la legalidad de su cadena de suministros. La decisión fue repudiada por distintas ONGs ambientalistas.

"Nosotros nos enfocamos en la integridad de nuestra cadena de valor y lo que esperamos es que mayor número de empresas, volumen y superficie de bosques sea protegida. Algo así [como Inversiones La Oroza en Perú] es el caso de HS [Timber Group] en Rumania. Es una historia de un cambio positivo: una empresa que se desasoció y que se ha incorporado habiendo implementado una ruta de mejora de buenas prácticas", comparó Rath.

VACÍO. La certificación FSC no ha podido garantizar que todas las empresas que cuentan con este sello no tengan vínculos con la deforestación.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro.

Pese a su interpretación, casos como el que ocurrió con HS Timber no sólo ocasionaron críticas, sino que organizaciones como Greenpeace dejaron de formar parte de la certificadora. “Las empresas usan FSC como una excusa para importar madera ilegal. Aquí el problema es que los procedimientos internos de resolución de conflictos son muy lento”, dijo a OjoPúblico el español Miguel Ángel Soto, especialista en madera de Greenpeace.

¿Cuál es la reacción de FSC cuando una empresa con su sello vende madera de origen ilegal? La respuesta de la organización es lenta y, en muchos casos, polémica, coinciden los especialistas. Lejos de los bosques, la decisión se juega en las oficinas de Bonn, en Alemania. La discusión atraviesa, en algunos casos, los tres bloques que integran el board de la certificadora, pero se centra en especial en el área económica, compuesta por empresas con intereses millonarios en la comercialización de madera.Los latinos son mayoría en el área económica, la que tiene más peso cuando se evalúa la conducta de las empresas. Los representantes son la brasileña Ivone Satsuki Namikawa, que está vinculada a la empresa Klabin. Es un gigante brasileño, líder mundial en la exportación de papel de embalaje que cuenta con 24 fábricas en Brasil y 25.000 empleados. Brasil es un jugador clave para FSC en la región: es el país latinoamericano con más etiquetas verdes con un total de 1482 certificaciones vigentes (otro grupo de 33 están suspendidas por posibles irregularidades).El otro representante del mundo empresarial sudamericano es Ralph Schmidt-Liermann, que trabaja en la empresa uruguaya Montes del Plata (Eufores SA), una compañía forestal que se dedica a la producción de pulpa de celulosa de eucaliptus. La empresa exporta 1,4 millones de toneladas de celulosa al año. Schmidt-Liermann y su colega Satsuki Namikawa son dos votos clave cuando el board de FSC debe definir las sanciones a las empresas de todo el mundo. “El problema es que para FSC la empresa certificada cuenta con más credibilidad que el denunciante. Es evidente que la organización está muy influenciada por el sector empresarial. Las compañías juegan con ventaja, porque el denunciante se pasa uno o dos años juntando pruebas y las empresas se pasan ese tiempo también para defenderse. FSC debería invertir mucha más energía en resolver los conflictos, que los hay. Así, su reputación se ve muy dañada porque no resuelve rápido”, agregó Soto de Greenpeace.

Etiquetas SA

FSC es una asociación civil sin fines de lucro, pero esa carátula legal no le impide aumentar, año tras año, sus ingresos. La certificadora está constituida en Oaxaca, México, pero añadió cinco compañías subsidiarias ubicadas en Alemania (tres de ellas), China y Malasia. De esas firmas, sólo FSC International Center (dedicada a la preservación mundial de los recursos forestales) está registrada como una organización “sin fines de lucro”. El resto fue registrado como empresas.Son FSC Global Development (dedicada al negocio de las licencias y las marcas registradas de la certificadora) y Accreditation Services International GmbH (auditoría de las certificaciones), ambas registradas en Alemania. En China se registró FSC Beijing Global Forestry Management Consulting (dedicada a la consultoría en el management de bosques) y en Malasia, Asia Pacific Sdn Bhd (evaluación de organizaciones que emiten los certificados).El balance correspondiente al ejercicio 2020, el último disponible en línea, indica que los ingresos de la certificadora y sus subsidiarias superaron los US$ 44 millones. Más del 80% de lo recaudado corresponde al pago de los cánones anuales que hacen las empresas para mantener las etiquetas verdes. La suba de los ingresos de FSC fue escalonada: el año anterior habían sido US$ 40 millones y en 2018 fueron US$37 millones. ¿Cuánto debe pagar cada empresa por su certificado? OjoPúblico hizo la pregunta en una entrevista y luego por escrito, pero las autoridades de la organización se negaron a dar un número en concreto. “El monto anual que se paga es un cálculo que hace directamente el Cuerpo Certificador [los auditores], no FSC. Este monto depende de múltiples variables, incluyendo el tipo de certificado y tamaño de organización, por ejemplo. No existe un precio promedio”, explicaron. La certificadora no lo cobra, pero recibe directamente un porcentaje sobre cada uno de las etiquetas que se expiden.

COMERCIO. Algunas comunidades de la Amazonía peruana se dedican a la venta de madera proveniente de sus bosques, pero hay casos donde han sido engañados por empresarios.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro.

El balance no informa quiénes son los clientes de FSC China ni en otros países en materia de consultoría. En este país, de acuerdo a los datos de FSC, se registran más de 2.900 vigentes y más de 6.500 caducas. “FSC Beijing Global Forestry Consulting no es una oficina comercial, por lo tanto, no tiene clientes como tal. Esta oficina de FSC agrupa a los diferentes stakeholders en China y los ingresos que recibe provienen principalmente de la matriz en Alemania para soportar al equipo y operación local”, aseguraron desde la certificadora.Las oficinas centrales de Bonn, Alemania, y la consultora en China quedaron distantes de la sede central de la compañía, en Oaxaca, donde nació la organización hace casi 30 años. Éstas negociaciones de escritorio quedan aún más distantes de la realidad cotidiana de las comunidades amazónicas. Aunque la importancia de la materia prima, la madera, y los engaños de los empresarios del sector se repiten también en Comandancia.Alentados por los empresarios de la zona, los vecinos de Comandancia realizaronactividades forestales a partir de permisos personales que obtenían de las autoridades regionales del sector. Sin embargo, el desconocimiento y engaño de algunos empresarios de la zona -como relata Ramírez Santana- generó que su comunidad sea multada en 2012 por talar madera no autorizada en una zona de sus bosques.“Nosotros mismos hemos depredado nuestro monte”, comenta con resignación Gerlin Ramirez al recordar cómo diferentes empresarios madereros asesoraban a Comandancia para que la población obtenga permisos forestales y extraigan madera de sus bosques. “Al morador les decíamos que podían vender 30 trozos pero al final, como había bastante, multiplicaban esa cantidad. Eso hizo que la madera escasee”.

Desde la zona rodeada de bosques y a pocos metros del río Amazonas, donde tampoco hay red telefónica ni agua potable, un grupo de trabajadores de una embarcación carga trozos de madera cuyo destino final es desconocido para los miembros de la comunidad de Comandancia. Solo saben que llegará al puerto de Iquitos, capital de la región Loreto, pero les resulta nuevo e ignoran si la empresa dueña de la madera cuenta con certificación FSC, un sello que dicen que garantiza la sostenibilidad del 2% de todos los bosques de la Amazonía.