Más de 300.000 familias desahuciadas; enormes recortes en los presupuestos sociales; la única modificación de nuestra constitución y cambios legislativos que han recentralizado el poder —tanto en Madrid como en Bruselas— robando la soberanía a la ciudadanía… Todo ello con un factor en común: la deuda como principal herramienta de sometimiento.

¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda?

Posiblemente la respuesta a esta pregunta, tan difícil de hallar, se corresponde con lo difícil que ha sido para el movimiento antideuda del Estado español conseguir la transversalidad y el alcance social para aunar las fuerzas necesarias en esta lucha tan importante. La deuda es la principal herramienta de sometimiento y dominación de quienes han ejercido y controlado el poder durante toda la historia. Pero no se agota allí. También es un sustento moral que ha impregnado todas las fases de la evolución antropológica del ser humano y de las sociedades; un pilar básico para sostener el status quo de aquellas personas que ocupan escalones privilegiados en sus estructuras sociales.

Esa situación no solo no ha cambiado, sino que el mantra social tan anclado en el imaginario colectivo de “las deudas se pagan” o el señalamiento al deudor que no cumple con su “deber” como si se tratara de un “pecador”, sigue instaurado en el canon y el imaginario moral y ético de la sociedad actual.

Ante el creciente ateísmo y pérdida de poder de las creencias religiosas que, en muchas ocasiones, son las encargadas de atemorizar al deudor, se han creado nuevos dioses. Bajo la batuta del capitalismo, estas nuevas deidades son quienes imponen ahora la ley de la deuda —de la mano de otros mandamientos sagrados de esta creencia depredadora: el libre comercio o el rechazo del intervencionismo estatal en la economía— e impiden que las decisiones democráticas se impongan a su religión.

Vestidos con trajes negros, los dioses del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encargan de imponer su religión y castigar al pagano que ose contradecirla. El sistema financiero mundial, como brazo ejecutor de dicha creencia, se ha ocupado de atraer nuevos feligreses a su dogma mediante el esparcimiento de su tela de araña, el crédito.

De todos modos, esta iglesia también pierde adeptos. Y entre esos profanos se está tejiendo una red de personas por todo el planeta que han decidido plantar cara al “sistema de la deuda”, a sus consecuencias y a los que la controlan y utilizan como herramienta de desposesión y sometimiento. Se trata de un movimiento global que muta y se transforma según el territorio y el contexto de cada lucha, pero que tiene un denominador común: el rechazo a las deudas ilegítimas, aquellas contraídas a espaldas de la ciudadanía y en favor de una minoría.

El Estado español, que tiene más de 20 años de activismo en repudio a la deuda tanto desde la posición de acreedor como de la de deudor, y aprovechando los vientos de cola como el movimiento social 15M, nacido en 2011, y las candidaturas municipalistas ciudadanas, ha conformado uno de los movimientos antideuda más estables y desarrollados del globo.

Coronavirus

Cancelar las deudas para hacer frente a la crisis del Covid-19

Plataforma Auditoría Ciudada de la Deuda (PACD)

Más de 150 organizaciones sociales de todo el mundo se unen en un llamado internacional por la cancelación de las deudas de los países empobrecidos como parte de las estrategias para que estos puedan hacer frente a la crisis del Covid-19.

Un millón de personas contra la deuda

El domingo 12 de marzo del 2000, al mismo tiempo que el candidato de la derecha española, José María Aznar, obtenía una mayoría absoluta en el Parlamento, en las calles de más de 500 localidades del país unas urnas y unas papeletas con tres preguntas mostraban otra cara de la democracia. “¿Está usted a favor de que el Gobierno del Estado español cancele totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos?”, rezaba la primera de ellas.

Se trataba de la Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa. El hito más importante, que no el primero, de la lucha social contra la deuda. Más de 20.000 voluntarias y voluntarios, coordinados en más de 1.400 colectivos, llevaron a cabo un ejercicio de desobediencia civil para visibilizar aquella emergencia mediante un ejercicio de democracia directa.

Aquella consulta dio otro resultado que perduró en el tiempo: la creación del primer movimiento social antideuda en el Estado español. Nacía en el año 2000 la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), aglutinando diversas vertientes de activistas para trabajar de manera conjunta. En 2005, la RCADE se transforma en la campaña ‘¿Quién debe a quién?’, y se amplía el foco para poder debatir y desarrollar una visión que fuera más allá de lo económico.

Se empiezan a trabajar y discutir los términos de deuda histórica, ecológica, social y algo más tarde, deuda de género. Si hoy en día los términos “deuda ecológica” o “deuda de género” (la deuda histórica que se tiene con las mujeres por el sostén de la vida) son utilizados con normalidad por movimientos sociales y partidos políticos en el Estado español es, sin duda, gracias al trabajo del movimiento antideuda durante aquella época y los años siguientes.

Municipalismo

Ciudades escaparate, ciudades plaza

Guernica Facundo

¿Qué tipo de ciudad queremos?”. Una pregunta inseparable de estas otras:“¿Qué tipo de personas queremos ser? y ¿Qué tipo de relaciones socialesqueremos priorizar?”.

De acreedores a deudores

El contexto social y económico, el de una burbuja inmobiliaria y financiera que elevaba los sueldos y reducía el paro, constituyó un factor de desmovilización para la gran mayoría de los movimientos sociales durante aquellos años. Hasta que la burbuja estalló y, como en ocasiones anteriores, las deudas cayeron sobre los de abajo mientras los de arriba eran rescatados y salían ilesos. La deuda volvió a ser utilizada como esa herramienta de sometimiento, pero esta vez nos tocaba a nosotras y nosotros. Mientras miles de personas perdían sus casas ante los bancos por no poder pagar sus deudas y el país veía incrementar su deuda pública externa (que escalaba desde el 40 al 100 por ciento del PIB) con los correspondientes recortes sociales para subsanar y rescatar a esos mismos bancos, se fraguaba un nuevo sentir general de protesta y rebeldía.

Pasamos de ser acreedores a deudores, a sentir en nuestras propias carnes aquel dolor que años antes el movimiento antideuda había denunciado que causábamos a los países del Sur como acreedores. Aquella rabia y descontento se cristalizó el 15 de mayo de 2011; nacía el movimiento 15M para decir “No debemos, no pagamos”.

La deuda y las auditorías ciudadanas fueron una de las principales líneas discursivas del 15M. La gente —que abarrotaba aquellas plazas— identificaba los síntomas económicos y sociales de gobiernos e instituciones supranacionales plegados al neoliberalismo con un sistema financiero que salía prácticamente ileso de la crisis que ellos mismos habían fraguado y provocado. El dogma “las deudas son lo primero” fue el causante de los recortes sociales; de la modificación de la Constitución Española y de que miles de personas perdieran sus hogares mientras se rescataba a los banqueros. También significó que los países poderosos condenaran a los países del nuevo sur, los de la periferia de Europa, a un retroceso en todos los derechos que se habían conseguido con mucho esfuerzo.

El 15M había llegado para romper esos dogmas y exigir responsabilidades. El rechazo al pago de las deudas consideradas ilegítimas y las auditorías con participación de la ciudadanía eran fines comunes y globales de todo el movimiento. Muchos de los activistas que habían participado en ‘¿Quién Debe a Quién?’ o en la RCADE ahora se encontraban con otras personas para dar forma a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). El nuevo movimiento social, que en un breve tiempo creaba nodos territoriales en más de 10 ciudades de todo el Estado, exigía lo que el gobierno no estaba dispuesto a hacer por razones obvias: analizar las causas de la crisis y las políticas aplicadas antes y después del endeudamiento público provocado, entre otras cosas, por el rescate al sistema financiero; señalar qué deudas debían ser repudiadas y depurar responsabilidades.

El “No Debemos, No Pagamos”, lema de la PACD, resonaba desde los megáfonos y se leía en las pancartas de las manifestaciones casi diarias de aquellos meses posteriores al 15M. Las charlas, debates y talleres sobre deuda se multiplicaban. Las asambleas de la PACD contaban con decenas de personas de todo el Estado y se desarrollaban informes, herramientas y discursos que repudiaban el sistema deuda. Sin duda fue uno de los mayores logros hasta la fecha del movimiento antideuda español: aquellos conceptos económicos, tan complicados a veces de entender, eran traducidos a un idioma que todas y todos podían comprender.

El imaginario moral y dogmático sobre las deudas se rompía ante una ciudadanía cansada de ser quien paga las consecuencias. Se rompía el relato neoliberal ante un montón de gente que estaba harta y que ya no caía en los cantos de sirena que nos intentaban convencer de que habíamos “vivido por encima de nuestras posibilidades”. Otro de los lemas decía “no es una crisis, es una estafa”, y la PACD consiguió visibilizar que la herramienta principal de aquella estafa era la deuda.

Ya no solo se quería repudiarla, se exigía conocer cómo habíamos llegado a tal situación. Se exigían responsabilidades y se necesitaba una herramienta que, desde abajo, desde la gente, armara de argumentos y empoderara la lucha para repudiar las deudas ilegítimas. Contagiados por procesos similares y movimientos sociales en otros rincones del planeta, se propuso y abrazó la idea de las auditorías ciudadanas.

Desde el 15M, las auditorías ciudadanas de la deuda han sido la principal propuesta por parte del movimiento antideuda encabezado por la PACD, concebidas como un proceso de empoderamiento ciudadano para conocer mejor cómo funciona el sistema y no como un simple análisis y estudio de lo ocurrido.

Se trataba de que la ciudadanía comprendiera cómo funcionaban esas redes clientelares, la corrupción, los mecanismos de endeudamiento y las presiones por parte del capital financiero, de las grandes corporaciones y de las instituciones neoliberales: todo ello puesto al servicio del poder. Se buscaba aprender cómo se había llegado a tal situación para diseñar entre todas y todos un futuro en el que fuera más complicado volver a usar los mismos mecanismos, y fuera más fácil para los de abajo repudiar esas técnicas y las deudas ilegítimas usadas para tal fin.

Sin duda, el mayor logro del movimiento antideuda del Estado español, encabezado por la PACD, ha sido que se escuche tan a menudo la exigencia de realizar auditorías ciudadanas de la deuda en programas políticos, proclamas, debates, artículos, en diferentes sectores (sanidad, educación o energética) o en las voces de personas ahora sentadas en el Congreso de los Diputados. Es un legado que posiblemente perdure y sea adoptado por otros movimientos sociales en el futuro.

El trabajo de la PACD durante esos años posteriores al 15M fue frenético. Las y los activistas del movimiento antideuda realizaron decenas de charlas y talleres y se tejieron redes internacionales con movimientos antideuda de otros países hasta crear la International Citizen Audit Network (ICAN por su sigla en inglés, y que en español puede leerse como Red Internacional por las Auditorías Ciudadanas), en la que se dan cita plataformas ciudadanas de países como Reino Unido, Bélgica, Portugal, Grecia o Francia. Otra de las líneas de trabajo reseñables fue el desarrollo y creación de los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs). Con el desarrollo de un software programado en código abierto y una metodología estandarizada, las y los activistas de la PACD guiaban a grupos de la ciudadanía organizada que emulaban a un portal de transparencia y participación ciudadana municipal. Por este medio, se invitaba a la población del municipio a implicarse en las cuentas de su ayuntamiento y a exigir mayor transparencia y explicaciones sobre el funcionamiento de la economía pública local.

También se crearon otros grupos relacionados con el movimiento, como el grupo 15MpaRato, que consiguió sentar en el banquillo al exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato, implicado en la salida a bolsa de Bankia (entidad que surgió de la fusión de varias cajas y que tuvo que ser rescatada) o grupos sectoriales como Audita Sanidad.

Asaltar los cielos, pero empezando desde abajo

Mientras en aquellas plazas se hablaba de deuda externa, mercados financieros o grandes cifras económicas, era bastante difícil encontrar soluciones, de ser posible a corto plazo, a los problemas y contexto más inmediato. La demanda del no pago de las deudas ilegítimas era el objetivo final, la meta utópica que permitía seguir luchando, pero hacía falta una nueva estrategia intermedia. La PACD necesitaba elaborar un plan más estratégico que, aunque quizás abandonaba temporalmente objetivos más globales, pudiera alcanzar y seducir a mucha más gente en aquel momento de explosión política ciudadana.

Entonces, el movimiento cambió su estrategia y viró gran parte de sus fuerzas hacia el plano municipalista. Era necesario que la ciudadanía entendiera la mecánica de la deuda a un nivel más local para luego poder entender y aprender entre todas y todos cómo luchar contra la deuda en otros niveles superiores. Un enfoque que, por otra parte, era mucho más propicio a la coyuntura política que estaba fraguando un asalto a las instituciones del Estado español por parte de la ciudadanía.

El salto municipalista de la ciudadanía

En mayo de 2015, cientos de agrupaciones electorales ciudadanas se presentaron a las elecciones municipales. El auge de participación política y el “no nos representan” del 15M (unido a la decisión de Podemos de no acudir a la cita electoral municipal) desembocaron en una ola de creación de partidos políticos integrados por la ciudadanía que colapsaron al Ministerio de Interior.

Estos partidos que se creaban recogían las exigencias y necesidades sobre las que se hablaba y debatía en las plazas y manifestaciones en años anteriores, para dar voz a la ciudadanía cansada de ser “mercancía en manos de políticos y banqueros”. La práctica totalidad de los programas políticos presentados por aquellas agrupaciones electorales planteaban una exigencia común: “Realizar una auditoría ciudadana de la deuda”. El discurso y la herramienta principal del movimiento antideuda entraba en las instituciones de la mano de muchos de aquellos partidos; entraba en los ayuntamientos y se abría un abanico de posibilidades en el nuevo escenario del municipalismo.

Los meses siguientes a aquel asalto ciudadano a la vida institucional municipal volvieron a poner al movimiento antideuda en la agenda política de muchos de esos nuevos partidos, embebidos de aquel espíritu 15M. En aquel escenario tan enriquecedor se abría una pregunta que recorría las reuniones de aquellos nuevos partidos: “¿Cómo se hace una auditoría ciudadana de nuestro ayuntamiento?”. Las y los activistas de la PACD pasaron a ser reclamados por los partidos políticos municipalistas. Las charlas políticas o presentaciones de informes de análisis se transformaban en talleres más prácticos a los que asistían ya no solo activistas, sino concejales, alcaldes y personal técnico de la administración local afín a dichos partidos.

Aquellos talleres llevaron a la práctica todo el conocimiento adquirido durante años por las y los activistas antideuda y en los nodos territoriales que la PACD había promovido por municipios de todo el Estado. La teoría se transformaba en realidad, en grupos de personas organizadas que abrían los cajones de sus ayuntamientos para auditar las políticas, gasto y endeudamiento de décadas anteriores; se convertía en empoderamiento ciudadano para rechazar aquellas deudas. Todo aquel trabajo acabó plasmándose en un libro, escrito por la autora de este artículo: “Descifra tu deuda. Guía de auditoría ciudadana municipal”. Este texto recoge las dimensiones práctica y teórica de las auditorías ciudadanas municipales, pero también el carácter y enfoque político necesario para seguir promoviendo la cultura antideuda.

Deuda

“La deuda municipal ha servido para rescatar bancos”

Martín Cúneo1

El periodista de El Salto y de El Salmón Contracorriente Yago Álvarez estrena el documental ¿Quién ha hipotecado mi ayuntamiento? La historia de un municipio que podría ser el tuyo, un relato de la deuda que intenta explicar cómo las arcas públicas de muchos de los municipios del país han llegado a una situación de bancarrota.

El municipalismo se organiza contra la deuda

Sin embargo, aquel escenario y aquellos talleres mostraban una carencia: a los nuevos partidos políticos les faltaba una estructura común que les permitiera compartir experiencias y conocimiento, así como aunar fuerzas. Se necesitaba una mayor colaboración, formación y debate sobre las estrategias comunes. Vernos las caras, reconocernos y sumar fuerzas. Así fue como en noviembre de 2016, la PACD, junto al Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y la agrupación electoral Somos Oviedo, organizan el primer Encuentro Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los recortes en la ciudad asturiana. Allí se presentó el Manifiesto de Oviedo.

Este texto rechazaba frontalmente las políticas de austeridad impuestas a las corporaciones locales; reclamaba auditorías ciudadanas de la gestión de gobiernos anteriores como herramienta para depurar responsabilidades y repudiar las deudas ante un sistema financiero corrupto; exigía el fin de los recortes. Asimismo, señalaba el enemigo común de las corporaciones locales y autonómicas: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera —también conocidas como Leyes Montoro—, en honor al ministro de Hacienda del Partido Popular en aquel entonces, Cristóbal Montoro. Estas leyes llevaban el austericidio de las políticas europeas al plano local usando la deuda de los ayuntamientos y el poder financiero para poder intervenir las cuentas municipales y, del mismo modo que con las reestructuraciones del FMI, obligar a las corporaciones locales a recortar y privatizar sus servicios.

Al concluir el encuentro, se decidió en la última asamblea la constitución de la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes. Se daba un nuevo paso en la lucha antideuda en el Estado español. A ese encuentro le siguió un fortalecimiento de dicha red. Más de 300 agrupaciones electorales, partidos políticos y movimientos sociales se adhirieron y firmaron el Manifiesto. Políticos de todos los niveles institucionales, activistas y personalidades de la cultura también lo firmaron. Al de Oviedo le siguieron otros tres en las ciudades de Cádiz, Rivas, Vacia Madrid y Córdoba. Se realizaron campañas y grupos de trabajo para tratar temas como el repudio al coste del rescate bancario, la denuncia de mecanismos legislativos perversos y otras campañas y temas relacionados con el municipalismo y las consecuencias de que el sistema deuda se haya apoderado también de la administración pública, el escalón más cercano a la ciudadanía.

Ley Montoro

Cádiz reúne a más de 70 municipios que deciden plantarle cara a Montoro

Yago Álvarez Barba Representantes de municipios de todo el Estado se han declarado en rebeldía contra las leyes Montoro, la deuda y los recortes.

Los muros contra los que chocamos

Ese proceso del neoliberalismo de apoderarse de las administraciones públicas y la deuda como su herramienta, que viene desde la época de Thatcher y Reagan, estaba “atado y bien atado”, como dijo el dictador Francisco Franco en su lecho de muerte. Las administraciones públicas están conformadas por esos mismos poderes, por esa misma telaraña jurídica y legal que actúa como muro para entorpecer las acciones de aquellas personas que entran en la política con intenciones de cambiar las cosas. La burocracia, la legislación, los órganos ejecutivos, sus mecanismos, todo está organizado para que la maquinaria liberal no encuentre freno. La deuda y los contratos mercantiles están por encima de los derechos humanos. Los bancos están por encima de los partidos políticos. El neoliberalismo está por encima de la democracia.

Nuestra Grecia municipal, el Ayuntamiento de Madrid, gobernada por Ahora Madrid durante la legislatura 2015-2019 y con un activista antideuda a la cabeza de la Concejalía de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, dio batalla contra la Ley Montoro y el Gobierno central para revertir las nefastas consecuencias de esta regulación sobre la ciudadanía y para recuperar la soberanía económica y social que reclamaba la Red. El Ayuntamiento de Madrid se convirtió en la punta de lanza de la Red Municipalista contra la Deuda y todo el movimiento municipalista antideuda, antiausteridad y antirecortes. El Ministerio de Hacienda, gobernado por la derecha, lo sabía y puso la maquinaria estatal y el foco mediático en aquella batalla. Aquellas leyes prohibían a los municipios gastar el superávit de sus cuentas en inversión o gasto social, y obligaban a amortizar deuda de manera anticipada. Con ello favorecían, nuevamente, al sector financiero.

La palabra “desobediencia” sonaba mucho en aquellos encuentros municipalistas, pero aquel marco legislativo, utilizado como espada de Damocles contra los ayuntamientos insurgentes, no daba muchas opciones. La jerarquía del poder administrativo, ayuntamiento / Estado / Unión Europea, otorga un margen de acción cada vez menor al escalón inferior para centralizar el poder en las altas esferas, donde el poder corporativo y sus lobbies campean a sus anchas.

Tras dos años de enfrentamientos mediáticos y políticos, Ahora Madrid cedía ante las presiones del Partido Popular, aceptaba sus condiciones (un Plan Financiero Económico que penalizaba el gasto social en favor de amortizar deuda con los bancos) y destituía al concejal. Al igual que ocurrió con Grecia, la punta de lanza de la lucha contra la deuda era derrotada por una máquina burocrática de poder centralizado y con ella se debilitaba el movimiento y la Red. Las estructuras del poder legislativo y financiero mostraban su poder y el movimiento municipalista parecía incapacitado para romper el corsé legislativo que ata a los ayuntamientos.

El movimiento quedó afectado, pero no hundido. La Red Municipalista perdió algunas de las ciudades importantes en las siguientes elecciones locales, pero el relato contra la deuda ilegítima y el poder corporativo, financiero y recentralizador de Europa, ha impregnado la política municipal ciudadana y el imaginario social. Las nuevas luchas lo tienen claro: los movimientos contra la privatización de la sanidad o contra los fondos buitre señalan la deuda como una de las principales herramientas del poder contra la que luchar. Los dos movimientos que ahora mismo tienen poder articulador global, el ecologismo y el feminismo, rescatan las luchas contra la deuda ecológica y de género. El futuro traerá nuevas crisis de la deuda, pero en esta ocasión, el movimiento tendrá más experiencia que nunca y estará preparado para librar una nueva batalla.

Coronavirus

La urgencia de abolir las deudas ilegítimas de los países del Sur

ReCommonsEurope

Este texto forma parte de la publicación titulada "El impacto en el Surde las políticas financieras europeas y de las estrategias decooperación para el desarrollo y las alternativas posibles”, preparadaen el marco del proyecto ReCommonsEurope.

La serie de artículos Ciudades VS Multinacionales es una publicación de ENCO - Red Europea de Observatorios de Transnacionales,una red de organizaciones europeas de la sociedad civil y de medios,dedicadas a investigar corporaciones transnacionales y el podercorporativo. La publicación ha sido coordinada por Corporate Europe Observatory (CEO), Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatoire des multinationales y Transnational Institute (TNI). “La colección completa de artículos esta disponible para descarga en el nº20 de Passerelle, publicado por Ritimo", y en los espacios web de ENCO.