Desde el 1 de enero de 2023 los vasos, tapas, tapones y recipientes de plástico que se utilicen para contener las bebidas y comidas para llegar, bien sea a la mesa de un burguer o al domicilio particular, les serán cobradas aparte al cliente. Esta es una de las decenas de medidas que incluye el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que el Gobierno avalará este martes y que remitirá al Parlamento para su tramitación y aprobación.

La norma se marca como objetivo para 2030 que el uso de nuevas materias primas para producir bienes en España se reduzcan en un 30% -evitando expoliar la naturaleza- y que la cantidad de residuos que son reutilizados y reciclados y vuelven a la cadena de producción y consumo alcance al menos un 55% del total en 2025, un 60% en 2030, y un 65% en 2035. Con ambas estrategias se apuesta por una economía circular y sostenible, que reduce el despilfarro de materiales, acaba con el concepto consumista de usar y tirar, y minimiza los millones de toneladas de basura que terminan en los vertederos.

En definitiva, trata de dar la vuelta lo más rápido posible a lo que es la actual dinámica española, un lunar dentro la Unión Europea, que entierra en vertederos el 53% de sus residuos y que solo reutiliza un 35% (la mitad con el reciclaje y la otra mitad con la elaboración de abonos). De los 22 millones de toneladas de desperdicios urbanos que genera España cada año no reutiliza ni 8 millones.

Para lograr estos objetivos, la norma, entre sus principales medidas, va a prohibir la destrucción de excedentes industriales, va a declarar la guerra al plástico de un solo uso, va a reducir el desperdicio alimentario, va a aumentar al máximo la recogida selectiva a domicilio, y va a desalentar con impuestos el recurso fácil a los vertederos.

La reducción de la cantidad de residuos tiene que empezar por la propia producción, que no solo debe utilizar más materiales reciclados sino que no debe despilfarrar materia prima. Debe ajustarse lo más posible a sus posibilidades de venta. La ley va prohibir la destrucción de excedentes (ropa, electrodomésticos, electrónica, juguetes, etc), con incentivos a la donación u otros usos alternativos, y exigirá mayor vida útil (garantías y reparabilidad).

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— Ram dharel Sun Aug 30 17:14:31 +0000 2020

Otra de las patas básicas será la guerra al plástico de único uso. Solo representa el 10% de los residuos, pero es de los más contaminantes. Ya en julio próximo, por mandato de la UE, desaparecerán de tiendas y bares los platos, vasos, cubiertos, pajitas, bastoncillos, removedores de plástico y los recipientes y vasos de poliestireno expandido. Con el objetivo de usar cuanto menos botellas mejor, los bares y restaurantes estarán obligados a ofrecer siempre a sus clientes vasos y jarras de agua del grifo.

Impuestos verdes

La idea de la ley es que cada vez sea menos rentable vender este producto. Si la norma llega a aprobarse, los productores de botellas y otros envases de plástico no reciclable tendrán que pagar un impuesto de 45 céntimos por kilo y cada vez deberán pesar menos (la mitad que ahora en 2022 y un 70% menos en 2030).

Pero el acoso no termina ahí. Desde 2023, todos los vasos, tapas y recipientes de este material para las bebidas y comidas para llevar se cobrarán aparte al cliente, y año y medio más tarde (julio de 2024) no se podrán vender recipientes de más de tres litros. A partir de 2025 no se podrán comercializar botellas de plástico salvo que al menos incluyan un 25% de material reciclado, que en 2030 deberá llegar al 30%. Para ese mismo año se habrán tenido que establecer sistemas de recuperación de estas botellas, pues habrá que reciclar el 77% de las vendidas, cantidad que llegará al 90% en 2029. Uno de los métodos que recomienda Transición Ecológica es el de depósito, devolución y retorno de envases, similar al que antiguamente se usaba para el vidrio.

A la actual recogida selectiva obligada de vidrio, papel y envases domésticos, se unirá en 2022 la de residuos orgánicos (en 2024 en pueblos pequeños), que dispondrán de su propio contenedor. Se trata de algo vital, pues el 40% de los desperdicios españoles son biológicos y solo se recupera el 17%. Irá acompañada de un objetivo de reducción del desperdicio alimentario del 20% para 2030 en hogares y empresas.

Antes de la Nochevieja de 2024, la ley obliga a que haya también recogidas específicas de aceites de cocina usados, de toda clase de textiles, de residuos voluminosos como muebles y colchones, y de residuos domésticos peligrosos (como pilas o aparatos electrónicos). Desde 2022 también será obligatorio que en obras y demoliciones se separe madera, minerales, metales y vidrio, y antes de 2025 se fijará un porcentaje mínimo de recuperación de artes de pesca.

Todas estas medidas, que deberían facilitar un mayor reciclaje y reutilización, irán acompañadas de un impuesto que deberán pagar los gestores de residuos (públicos o privados) por las toneladas que lleven a vertederos o plantas incineradoras. La ley armonizará las tasas que ya cobran algunas autonomías para que sea obligadas y similares para todas las comunidades, con el cobro de entre 1,5 y 40 euros por tonelada vertida, según el material. Se trata, en definitiva, de convertir el vertido en la opción menos deseable.