Según Carlos Andrés Mejía, cofundador de Trazoro, este emprendimiento, que comenzó de la mano de Ruta N, busca centralizar toda la información de los productores, o mineros de subsistencia, que están registrados ante las autoridades. Así, se vuelve posible verificar, usando la huella digital –gracias la integración con un operador tecnológico autorizado por la Registraduría–, si esta persona es real; así como dejar un registro digital de su documentación para que no se pueda alterar.

De esta manera, anotó Mejía, es posible continuar legalmente con la compra, la exportación y la recepción de dinero por ventas de oro; es decir, Trazoro se convierte en un oficial de cumplimiento tecnológico. Y para lograr esto, la empresa aplica las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como Blockchain, IoT y Big Data, así aseguran la trazabilidad de cada una de las transacciones de metales preciosos, como el oro, en Colombia.

“Comenzamos en 2015 siendo solo un software, pero ya nos convertimos en una estrategia tecnológica tipo software as a service (software como servicio), que ayuda a la correcta comercialización de metales preciosos. Y es estrategia porque no solamente se trata de una plataforma sino que tiene que ver con acciones que buscan garantizar la calidad de los datos y la transparencia de los mismos”, dijo Mejía.

Los principales clientes de esta empresa tecnológica son los comercializadores de metales preciosos. “Nosotros les ayudamos a que su negocio pueda estar inserto en el sistema financiero. Ellos contratan el servicio, compran el hardware que captura su huella y firma, y ya se transa a través de la nube”, dijo Mejía.

Y es que una de las razones que crean en los comercializadores la necesidad de acudir a los servicios de Trazoro es el reconocimiento de los costos por parte de la Dian.

“El comercializador dice: ‘y yo para qué me voy a enredar si nadie me está exigiendo usar ese tipo de plataformas’. Sin embargo, uno de los problemas que tiene el país es que el sector financiero no confía aún en la minería, por lo tanto no abre cuentas ni presta servicios financieros tan fácilmente a los proveedores o productores. Y esto se traduce en que cada vez que el comercializador paga en efectivo a sus proveedores, la Dian no le reconocerá esos costos”, explicó Mejía.

Precisamente, con el fin de generar esa confianza entre el sector financiero y la minería comenzó a regir este año la nueva ley de inclusión financiera para los mineros. (Ver Para saber más). Y esto representa a su vez una oportunidad para Trazoro, ya que entraría a ser una garantía para asegurarle a los bancos que no hay lavado de activos, por ejemplo.