Nunca es buen momento para que la pandemia se recrudezca o para que aparezca, como ha ocurrido, una nueva variante del virus de la que todavía hay más incógnitas que certezas. Pero esta vez la nueva ola de contagios—cuarta o sexta, según el país— y la mutación ómicron del coronavirus han cogido a Europa en un muy mal momento: a Alemania, con un Gobierno en funciones; a Portugal, con elecciones en poco más de un mes; en Francia, Emmanuel Macron tiene un horizonte electoral complicado con la ultraderecha al acecho, mientras en Italia Mario Draghi se está pensando si se muda del Palacio Chigi al Quirinal para asumir la presidencia de Italia. Incluso fuera de la Unión Europea, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tropieza con dificultades y ha visto esta semana cómo algunos diputados de su partido se rebelan contra las restricciones.

No ha pasado ni una semana desde que apareció la variante ómicron y ya se ha abierto en canal el debate sobre la vacunación obligatoria, pese a que por el momento no hay datos suficientes para confirmar si es más transmisible o escapa a la efectividad de las vacunas. “Pensar en una vacunación obligatoria es un debate necesario”, ha respaldado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando hablaba de esta medida que estudian varios países, entre ellos el suyo, Alemania. La política germana ha recordado que en Europa todavía hay 150 millones de ciudadanos sin vacunar, un tercio de la población.

Pero ese debate no es pacífico, como se vio hace algo más de una semana en Austria, Holanda y Bélgica, donde las protestas contra las medidas restrictivas acabaron con disturbios. Tampoco lo es en el seno de algunos gobiernos: en la coalición alemana que se aupará al poder, los liberales se mostraban remisos hace poco. Las dudas jurídicas están ahí y abrir esa discusión en toda la Unión Europea puede llevar a convertir la medida en un problema donde no lo es (España, Portugal e Italia tienen tasas de vacunación muy altas).

El abanico de medidas va más allá de los pinchazos. A la suspensión de vuelos que los Veintisiete aprobaron para siete países del sur de África se suma que Irlanda y Portugal ya han anunciado que pedirán pruebas PCR a los viajeros vacunados, aunque procedan de miembros de la UE, y España plantea una cuarentena para quienes hayan estado en contacto con los contagiados por la nueva variante. Las necesarias medidas para frenar la extensión del coronavirus también llegan en mal momento en Polonia. El think tank Eurasia recuerda que la tasa de vacuación de este país es baja, que los hospitales están repletos y que la coalición de Gobierno tiene en su seno un partido más a la derecha que el PiS opuesto a las restricciones.

Y sobre este escenario de incertidumbres políticas, también se agrava con la ómicron lo incierto de la recuperación, como ha dicho este miércoles la OCDE. Una nueva sacudida a la economía mundial llegaría sobre desequilibrios muy acentuados, como se está viendo en la salida de la crisis, y con un volumen de deuda que en la zona euro llega al 100% del PIB y estrecha mucho el margen de reacción.

Reino Unido. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha optado por aplicar gradualmente —con tibieza, comparado con otras capitales europeas— las nuevas restricciones contra la pandemia. Lo ha hecho mucho más en respuesta a las preocupaciones expresadas por los empresarios británicos, que temen que la alarma desatada por la variante ómicron arruine la campaña navideña, que ante una posible rebelión en el seno del Partido Conservador. Un total de 32 diputados votaron en contra de las nuevas medidas el martes pasado, sobre todo al saber que la disposición legal preservaba los poderes de emergencia del Gobierno hasta finales de marzo, a pesar de que Johnson había prometido que todo volvería a ser revisado en el plazo de tres semanas. El diputado conservador Christopher Chope se quejaba: “Todo esto forma parte de una campaña de propaganda alarmista diseñada para frenar la interacción entre los animales sociales que somos”. “El objetivo es suprimir la libertad del individuo y los contactos sociales”, denunciaba Chope.

Lo cierto es que las nuevas medidas son relativamente tibias. Desde el martes pasado se recupera la obligatoriedad de mascarillas en comercios y transporte público; los viajeros que lleguen al Reino Unido deberán someterse en las primeras 48 horas a una prueba de PCR —ya no vale la de antígenos— y permanecer aislados hasta conocer el resultado negativo, y cualquiera que haya estado en contacto con un contagiado con la variante ómicron deberá hacer una cuarentena de 10 días. Es esta última disposición la que más solivianta a los diputados rebeldes, que recuerdan cómo el pasado verano se dispararon los casos de personas rastreadas y obligadas a encerrarse en sus casas. Johnson cuenta, de todos modos, con el respaldo de la oposición laborista, que le exige incluso ir más lejos: quieren mayor periodo de aislamiento para los viajeros que lleguen al Reino Unido y una PCR negativa previa al viaje. El comité de expertos que asesora al Gobierno ha sugerido que la cuarentena se extienda cinco días, aunque el recién llegado esté doblemente vacunado y su PCR haya dado negativo en el segundo día.

Alemania. El cambio de Gobierno en Alemania ha afectado a la lucha contra la cuarta ola de la pandemia, que el miércoles dejó la peor cifra diaria de fallecidos desde febrero, con 446 víctimas. La rápida propagación del virus y la creciente saturación de los hospitales de las zonas más afectadas han añadido presión a la formación de un nuevo Ejecutivo tripartito liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz, con los verdes y los liberales. La canciller en funciones, Angela Merkel, se reúne este jueves con Scholz y los líderes de los Estados federados para acordar nuevas restricciones en la que será una de sus últimas decisiones antes de abandonar el cargo. Se endurecerán las medidas para reducir contactos, probablemente ordenando el cierre del ocio nocturno, la prohibición de eventos masivos y limitaciones para los no vacunados, como la presentación del pasaporte covid no solo para entrar a restaurantes sino también en el comercio no esencial.

La vacunación obligatoria general es una de las cuestiones que están sobre la mesa, especialmente después de que Scholz se haya manifestado a favor de imponerla a partir de febrero. La propuesta, que no contaba en principio con el visto bueno de los liberales, ha obligado a su líder, Christian Lindner, a ir virando en su posición hasta aceptar esa idea a la vista de las bajas cifras de vacunación. Todavía hay 14,4 millones de alemanes adultos sin inmunizarse. Se prevé que los partidos den libertad de voto a sus diputados cuando el asunto llegue al Bundestag. Varios liberales votarán en contra.

Tampoco la oposición —o no toda: la ultraderecha de AfD, sí— está en contra. Destacados líderes conservadores, como el presidente de Baviera, Markus Söder (CSU), lo ha pedido públicamente. Sin embargo, el todavía ministro de Sanidad, Jens Spahn (CDU), es reticente, entre otras cosas porque es una medida a futuro que no aliviaría la complicada situación actual. Los médicos de cuidados intensivos alertaron el miércoles de que para Navidad las UCI podrían llegar a 6.000 pacientes ingresados, por encima del pico del invierno pasado.

Italia. Italia comienza a intuir una nueva oleada de restricciones a las puertas de Navidad. El país transalpino fue desde antes del verano uno de los más restrictivos de Occidente, obligando a tener el certificado de vacunación para todas las actividades públicas: asistir a espectáculos, acceder a gimnasios y consumir en bares y restaurantes. En el mes de septiembre, además, se amplió esa medida al ámbito laboral, lo que despertó fuertes protestas y divisiones en el Ejecutivo. Pero las restricciones han aumentado desde entonces. El presidente del Gobierno de Italia, Mario Draghi, anunció la semana pasada que dicho certificado, que antes podía renovarse con una prueba negativa de dos días de antigüedad o habiendo pasado la enfermedad, solo será válido a partir del 6 de diciembre con las dos dosis de la vacuna. Pero aquellos que recibieron esa segunda inyección hace más de nueve meses tendrán obligatoriamente que ponerse la tercera si quieren seguir disfrutando de esos espacios. Todas estas medidas han despertado desde el comienzo tensiones con la derecha. La intuición de que pueden ir acompañadas de cierres, restricciones o nuevos horarios para la actividad comercial, especialmente en regiones del norte de Italia como Alto-Adigio, ha generado ya algunas protestas en los partidos de la derecha como la Liga de Matteo Salvini.

Portugal. El país asiste a una escalada de contagios que recuerda a los momentos más críticos de la pandemia, aunque sin el impacto tan grave y letal que tuvo en olas anteriores. El martes pasado se contabilizaron 4.670 casos, un dato que no se alcanzaba desde hace meses. Los datos de mortalidad y gravedad están, sin embargo, lejos de los peores registros gracias a la vacunación. El primer ministro, el socialista António Costa, advirtió este miércoles de que se podrían tomar medidas más restrictivas para Navidad si los contagios siguen creciendo. El 1 de diciembre, Portugal entró en el estado de “calamidade”, que endurece las medidas para ingresar en el país y acceder a locales cerrados: test para discotecas y bares, certificados para restaurantes y recintos culturales con butaca asignada, entre otras. El Gobierno también ha decretado una semana “de contención” del 2 al 9 de enero con teletrabajo obligatorio, aplazamiento de la vuelta al colegio y cierre de bares y discotecas, aunque la movilidad no se verá limitada ni el resto de actividades comerciales. De momento, el Gobierno ha encontrado consenso en sus decisiones. Antes de tomar las nuevas medidas, que fueron en parte propuestas por técnicos, Costa se reunió con todos los partidos.

En cuanto al debate de la vacunación obligatoria, en Portugal no está en el horizonte: el país cuenta con más del 86% de la población con la pauta completa y ha emprendido una carrera acelerada para inocular la tercera dosis a la población mayor. Si la ola se agrava, la ómicron se desboca y se planteara un posible confinamiento, sí que podría encontrar el rechazo de la oposición, que además se enfrentaría a un Gobierno en funciones a la espera de la nueva cita electoral, prevista para el 30 de enero.

Francia. A cinco meses de las elecciones presidenciales en Francia, la aparición de la variante ómicron ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno de Emmanuel Macron, que desde el verano lo ha apostado todo a la vacunación masiva y el pasaporte covid, y que acaba de acelerar la administración de las dosis de refuerzo en la población adulta. Salvo en regiones de ultramar como Martinica o Guadalupe, las protestas por estas medidas parecen cosa del pasado: las manifestaciones que en agosto sacaron a más de 200.000 personas a las calles se han ido diluyendo hasta caer casi en el olvido.

Pero el gran miedo es que las vacunas no sirvan ante la ómicron, lo que derrumbaría la estrategia oficial. “Podría ser terrible en la opinión pública”, admitió a la emisora Europe 1 de forma anónima un ministro de Macron. La noticia de que el primer ministro, Jean Castex, dio positivo en covid pese a haber completado su pauta tampoco ha ayudado. “¿Quién es más peligroso? ¿Quien no está vacunado pero tiene un test negativo y va a un restaurante o quien tiene la covid estando inmunizado, como Castex y va al mismo restaurante? El pasaporte sanitario no sirve para nada”, ha criticado la candidata de ultraderecha Marine Le Pen.

Hace justo un año, Francia salía de su segundo encierro pandémico, pero aún tardaría meses en recuperar cualquier viso de normalidad: museos, cines, teatros, bares o restaurantes permanecieron cerrados hasta bien entrada la primavera y los franceses vivieron largo tiempo bajo un toque de queda estricto. A tan pocos meses de la cita ante las urnas, repetir ese escenario sería catastrófico para Macron.

Países Bajos. El Gobierno holandés baraja la introducción de tres tipos de pasaportes covid para acceder al trabajo, la educación y el ocio, y ha remitido para ello sendos proyectos de ley al Congreso. Es una propuesta delicada, dado el efecto que tendría al hacer distinciones entre la población. Cerraría o entorpecería el paso a los que no se hayan vacunado, lo que ha provocado ya tensiones políticas y rechazo social. Además, el Ejecutivo está en funciones desde la dimisión del Gobierno liberal en bloque en enero pasado debido al escándalo de los subsidios familiares, y debe contar con la aprobación de la Cámara para aplicar medidas políticas de gran calado.

Hasta la fecha, las restricciones exigidas en Países Bajos —desde el toque de queda a principios de año a los cierres parciales que entraron en vigor este domingo— han sido recibidas con diversos grados de rechazo. La extrema derecha de Thierry Baudet es antivacunas y rechaza imposiciones de esta clase. El toque de queda impuesto en enero de 2021 ante el avance de la variante alfa no se había aprobado desde la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno invocó para ello una ley que otorga competencias extraordinarias y no requiere la participación del Congreso o el Senado. Fue refrendado por el Congreso, pero desató una ola de disturbios generalizada que se saldó con unas 600 detenciones. Este noviembre nuevos disturbios callejeros reflejaron la tensión acumulada durante la crisis. En origen, la protesta fue contra la posible imposición del pase solo para vacunados y los que hayan pasado la enfermedad, pero la sensación de falta de libertad individual y malestar social fue aprovechada por grupos criminales muy violentos, según la policía. Un fenómeno que el Gobierno tiene ya en su radar.