Reducir la brecha digital (acceso a internet, dispositivos, velocidad) requiere una inversión de unos $225.1 millones, según señala el informe anual del “Índice de Desarrollo de Banda Ancha” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al reducirla, el país no solo avanzaría en desarrollo tecnológico, sino que además, generaría unos 44,128 empleos.

El estudio recomienda a los países de Centroamérica invertir en infraestructura, desarrollo de aplicaciones y programas formativos en el uso de la tecnología.

Según el ranking global del Índice de Desarrollo de Banda Ancha, El Salvador ocupa el puesto número 58 de 65 países y retrocedió dos puestos. A nivel de Centroamérica solo está por arriba de Nicaragua.

Ya cuando se observa el ranking global del subíndice “Políticas Públicas”, 2018-2020, relacionado con el gasto en investigación y desarrollo por parte de las entidades regulatorias, El Salvador baja hasta el puesto 63 de 65, solo por arriba de Haití y Suriman en la región.

En cuanto a la infraestructura digital, El Salvador ocupa el puesto 60 de 65 y para el presente informe retrocedió un puesto.

El estudio revela, además, que si bien la cobertura de tecnologías LTE (4G) se ha desarrollado en muchos países de América Latina, el alcance sigue siendo deficiente si se compara con la de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ) para el despliegue y pueden ser elementos importantes para expandir la cobertura de redes a zonas actualmente desconectadas.

“La escasez y los problemas para la licitación de nuevas bandas de espectro limitan la capacidad de los operadores para expandir sus redes, incrementando los costos del despliegue y limitando el uso de nuevas tecnologías”, detalla el estudio.

Según el informe algunos de los retos son identificar y licitar nuevas bandas de espectro para el desarrollo de la conexión 5G.

Además, analizar el espectro para el despliegue de redes de “Internet de las cosas” (IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things), así como ampliar el espectro en bandas bajas disponible para comunicaciones móviles (700 y 800 MHz).

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Según el docente e investigador de la Universidad de El Salvador, Roberto Pérez, existe la necesidad de recursos para una infraestructura digital más inclusiva, sobre todo ahora que el Gobierno asegura que destinará por lo menos $120 millones para entregar $30 en Bitcoin a cada salvadoreño que baje una aplicación móvil para promover el uso de la criptomoneda.

Según el investigador, la Ley Bitcoin deja claro que hay personas que no cuentan con la tecnología para el uso de la criptomoneda.

“(El Gobierno) sabe la poca capacidad técnica que tiene la población. En primer lugar, la infraestructura tecnológica para tener la señal estable y en segunda instancia, los dispositivos para que la aplicación no se trabe o deje transacciones a medias. Hay tantos aspectos que son determinados por el dispositivo, es decir que hay un riesgo”, detalló.

Agregó que cuando se relaciona la inversión pública que hace el Estado existe una desproporción, tomando en cuenta que se necesitan $225.1 millones para reducir la brecha digital mientras que el Gobierno destina $120 millones para el uso de una criptomoneda.

“Uno observa que el Gobierno está manejando discrecionalmente una cantidad de la que no está dando muchas razones. Creo que ese es el problema que se da para sostener un proyecto que en realidad no es del todo viable. A lo mejor en el futuro lo sea, pero no estamos viviendo el futuro, ni lo estamos construyendo por que no hemos invertido en la tecnología”, destacó.

Para el experto esa desproporción de inversión del Gobierno es alarmante e innecesaria para el uso de la criptomoneda.

Se necesita un internet más inclusivo

Pérez señaló, además, que existe la necesidad de una plataforma que abra los espacios para que la población además de recibir información pueda difundirla.

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“No solo se trata de que las plataformas estén disponibles en el territorio, sino que también sean accesibles en términos económicos. El problema principal del internet es que el acceso solamente está mediado por el tema del mercado” señala el profesional en relación a que son las empresas privadas las que ofrecen estos servicios.

Para Pérez el Estado debería ceñirse a prestar un servicio público de internet para que la población pueda acceder a algunas plataformas.

Expone el ejemplo de que en Argentina hay cooperativas que están supliendo necesidades de internet y que alcanzan sostenibilidad en sus proyectos al mismo tiempo que le trasladan conectividad a la población.

El profesional agrega que el Estado salvadoreño ha invertido en internet pero debería destinar fondos pata llegar a donde las empresas proveedoras no pueden llevar la señal.

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