España se estanca preocupantemente en su lucha contra la corrupción. Lo hace, al menos, en el Índice de Percepción de la Corrupción, un estudio elaborado anualmente por la ONG Transparency International en el que se toma la opinión de directivos y expertos en la cuestión.

Presentado este martes, este índice otorga a España una puntuación de 61 puntos sobre 100 en el índice, siendo 100 la puntuación más deseable.

La cifra supone un retroceso de un punto con respecto a lo registrado en 2020 y 2019 y sitúa al país en el puesto 34, algo lejos de los primeros 30 puestos y muy lejos de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que encabezan el ranking con 88 puntos.

No obstante, por encima del punto arriba o abajo, que puede responder a pequeños matices de percepción a algún ligero cambio metodológico, lo que más preocupa a los autores del informe es la falta de avance.

Con este, España lleva ya 10 años en el entorno de los 60 puntos cuando, por tamaño de su economía, lo normal sería que estuviera más cerca de los 70 puntos, cerca de países como Francia, Japón o Austria.

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Y no es que los países no mejoren. Aunque es verdad que el estancamiento es más o menos generalizado, con apenas algo más de 20 países subiendo y otros más de 20 bajando y 131 quedándose donde estaban, precisamente en el sur de Europa hay países que están mejorando.

Es el caso de Italia, un lugar que tradicionalmente ha registrado una puntuación pobre en cuanto a percepción de la corrupción. Este año, con 56 puntos, se queda muy cerca de España. Portugal, por su parte, logra el sorpasso y adelanta a España al registrar 62 puntos.

En concreto, a nivel europeo en el norte ocurre lo mejor y lo peor.

Mientras que países los escandinavos representan la excelencia, la crisis geopolítica que llevan años arrastrando Rusia y Ucrania se dejan notar en la zona: el primero se va al puesto 136 del ranking con apenas 29 puntos y el segundo se va al 122 con 32.

Rumanía, Hungría y Bulgaría, cercanos a las zonas de conflicto, se quedan también en el entorno de los 40 puntos.

"Estamos entre las 15 economías más importantes del mundo, no podemos estar en el puesto 34 de corrupción", ha subrayado en la presentación del estudio Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y parte del Comité de Dirección de Transparency International.

El estudio alerta sobre la situación española en un momento especialmente sensible en el que, entre otras muchas cosas, hay que dar buen destino a los miles de millones europeos que van a llegar a España en el marco de los fondos Next Generation que la UE.

"Esto sería lo fundamental, más allá de que nos acerquen Israel e Italia y nos pase Portugal. Debemos seguir nuestro camino, seguir nuestro marco de reformas. La idea es que la corrupción sea la excepción en las administraciones", detalla Villoria.

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Con al menos un año más de legislatura por delante, a ojos de los expertos el Gobierno debe empezar ya a adoptar importantes medidas anticorrupción para sacar al país del estancamiento.

Para estos, el camino pasa por introducir mecanismos de evaluación de conflicto de interés y códigos éticos que se cumplan por parte de las instituciones, transponer la directiva europea sobre protección de quienes denuncian la corrupción, aprobar una nueva ley de transparencia, una nueva ley de lobby y una nueva ley de conflicto de intereses, entre otras muchas medidas.

En resumen, hay mucho trabajo por delante.

"Pero hay que poner en marcha todo esto bien. En España por desgracia tendemos a hacer leyes que no se cumplen del todo o que son tan amplias que permiten su incumplimiento sin que pase nada, y no podemos seguir así", señala Villoria.

La transparencia se une al respeto de los derechos humanos en el resto del mundo

En el resto del mundo, cuestiones como la transparencia de las instituciones se vinculan cada vez más con los derechos humanos.

En ese sentido, la pandemia representaba para muchos gobiernos una oportunidad de volver a acercarse a la gente y retomar el camino de la buena gobernanza. A juzgar por los resultados obtenidos por la mayoría de los países en el índice, se trata sin duda de una ocasión desperdiciada.

En vez de hacer una gestión eficaz y efectiva para combatir el coronavirus, muchos altos funcionarios se han dedicado a aprovecharse de la falta de suministro de materiales y vacunas para hacer negocios y para ponerse a sí mismo y a sus amistades en los primeros puestos en las listas de vacunación.

Corrupción pura y dura, en otras palabras.

A ello se ha sumado la corrupción política de toda la vida.

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En España, por ejemplo, en 2012 la Sareb, el llamado "banco malo", emitió deuda por valor de más de 50.000 millones de euros para rescatar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos afectados por la crisis.

De esos 50.000 millones, aún hay que devolver más de 30.000 millones, según figura en la web de la propia Sareb.

"La Sareb tiene que devolver muchos miles de millones de euros a Europa como consecuencia de la actividad inadecuada de los bancos. ¿Es una captura de políticas? No lo sé, pero está muy cerca. También ha habido clientelismo en el Tribunal de Cuentas y en el Constitucional, donde algunos partidos se han puesto de acuerdo para ciertos nombramientos", ha recordado Villoria.

De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles.

Además, de los 331 casos registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98% se produjeron en países con calificaciones por debajo de 45 puntos.

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Un ejemplo paradigmático de ello es Filipinas. Con una puntuación de 33, el país continúa la caída iniciada en 2014, año en que su presidente Rodrigo Duterte fue elegido y comenzó a reprimir la libertad de asociación y de expresión mientras asesinaba a líderes opositores.

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en uno de los principales indicadores de corrupción en el sector público.

Este califica 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción de la corrupción existente en su sector público a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgo, firmas de consultoría y comités de expertos.