Vista desde el cielo, a lo lejos, Quito no deja de ser una preciosa postal, de casas dibujadas en las faldas de las montañas, de majestuosas iglesias, de modernos centros comerciales y de elegantes edificios inteligentes. Sin embargo, puesto el cable a tierra, a ras del suelo, la capital de los ecuatorianos cierra un año muy particular, como en ningún otro, cargado de indignación y decepciones.

También de rabia e impotencia. Lo saben sus autoridades, lo registran los sondeos de opinión, pero, sobre todo, lo dice la gente en sus calles llenas de baches, en los buses gobernados por la displicencia, en las largas filas de desempleados que buscan alguna vacante, en el desconcierto de quienes, a la vuelta de cualquier esquina, se encuentran con delincuentes, microtraficantes…, con la ciudad que nadie quiere.

A la par, los quiteños terminan el 2021 como testigos de un insólito acontecimiento: durante siete meses -casi el 60% del año-, vieron, en vivo y en directo, con absoluta impotencia, la disputa entre los compañeros de fórmula de Jorge Yunda y Santiago Guarderas por el mando en el Municipio. Incluso, en el clímax de esa batalla legal y política, la ciudad se dio el lujo de tenerlos a los dos, al mismo tiempo, como alcaldes.

Aunque la relación de ambos ya no iba bien a inicios del 2021, su rompimiento definitivo se hizo público en marzo, tras conocerse los chats de Sebastián Yunda, hijo del entonces alcalde Jorge Yunda, con funcionarios municipales para hablar de posibles contratos y negocios.

Aquel solo fue uno de los tantos frentes abiertos contra el alcalde. Se le sumaron las investigaciones por la compra de pruebas para detectar Covid-19, las denuncias de corrupción y el malestar generalizado, especialmente, por el pésimo estado de las vías y la infraestructura básica, la inseguridad y el estancamiento económico expresado en altos niveles de desempleo.

A fines de septiembre, luego de una compleja telaraña de recursos legales, Guarderas asumió finalmente como alcalde titular, con la promesa de “recuperar la dignidad de Quito” y poner en marcha a un Municipio que en esos siete meses sin certezas estuvo, prácticamente, paralizado.

Hoy, a tres meses de gestión, Guarderas se encuentra en una posición difícil: a pesar del poco tiempo que lleva al frente de la ciudad, los quiteños le piden soluciones más que explicaciones. Él ha dicho que en los 15 meses que le quedan dejará “la casa en orden”. Pero los sondeos de opinión muestran desconfianza. No le creen, tanto como le dejaron de creer a Yunda.

Percepciones

No hay mayores diferencias entre las empresas que hacen sondeos de opinión: en 2021, la palabra de las autoridades perdió valor en Quito.

De acuerdo con una encuesta elaborada por Cedatos en septiembre y publicada por el sitio digital GK, en el último mes de Yunda como alcalde, los problemas más urgentes para los quiteños eran la inseguridad (34%), la corrupción (28%), el desempleo (18%) y el transporte público y la obra municipal (14%). El 6% faltante corresponde a impuestos y costo de servicios.

La misma encuestadora, en un comparativo con el año pasado, señalaba que la aprobación de Yunda había caído del 42% al 16% y su credibilidad, del 40% al 14%.

Una caída similar registró el Concejo Metropolitano, pues el nivel de satisfacción con su gestión pasó del 32% en septiembre del 2020 al 15% en el mismo mes del 2021.

Con estos datos, la firma destacó el desprestigio de la gestión municipal en la capital ecuatoriana frente al promedio de los alcaldes a nivel nacional, cuya aprobación era del 46% y credibilidad, del 41%. “O sea, en el mismo período, la mayoría de alcaldes del país tienen casi el triple de credibilidad que el alcalde de Quito”, decía en su artículo Polibio Córdova, director de Cedatos.

Un mes y medio más tarde, a mediados de noviembre, ya con Santiago Guarderas como alcalde, otra consultora midió la percepción de la gente frente a la nueva autoridad.

Según Perfiles de Opinión, el 45 % de sus encuestados calificaba como “mala” y “muy mala” a la gestión de Guarderas; mientras que solo al 21,1 % le parecía “buena”. El 33,7 % no contestó.

Sobre la credibilidad del nuevo alcalde, la firma volvió a registrar una percepción negativa: el 67,2 % dijo no creer en él y el 10,9 %, que sí. El 21,8 % no respondió.

Esas percepciones podrían cambiar para finales de año y empeorar el escenario de Guarderas para iniciar el 2022, debido a la estela negativa que dejaron sobre el Municipio los escándalos y aglomeraciones de las fiestas de Quito, así como las congestiones y mayores riesgos de contagios en las celebraciones de Navidad y fin de año.

Un balance de la disputa

¿Qué ganó Quito con la salida de Yunda y la llegada de Guarderas? Frente a esta pregunta, Daniela Chacón, exconcejala y ahora coordinadora de la coalición Quito Cómo Vamos, dice no estar tan segura de que haya un cambio, aunque se subraya el poco tiempo que lleva Guarderas en funciones.

“Toda esta pelea lo que ha hecho es que aumente la desconfianza que ya existía para atender a los ciudadanos”, advierte. Basada en datos de Quito Cómo Vamos, sostiene que siete de cada diez quiteños cree que la corrupción ha aumentado y que seis son pesimistas frente al futuro de la ciudad.

Si bien “más allá de un cambio político y jurídico, (la salida de Yunda) era necesaria”, afirma, al momento, con Guarderas, “no está claro el camino a seguir ni hay una guía de hacia dónde se quiere ir”.

Pone como ejemplo, la falta de rigor y transparencia en el presupuesto municipal aprobado para el 2022, que alcanza los $ 830 millones. “No sabemos bien qué se hará con ese dinero, tampoco en qué se va a priorizar el gasto”.

El concejal Eduardo del Pozo, afín a Guarderas, está convencido de que el cambio de alcalde en este año sirvió para que “Quito gane en dignidad, en transparencia y se imponga su espíritu rebelde frente a la peor administración (se refiere a la de Yunda) en la historia de la ciudad”.

El siguiente paso, añade, será darle estabilidad al Municipio y a sus 42 entidades satélite, con el fin de que la ciudad pueda recuperarse de la crisis que atravesó en el 2021.

“Se debe tomar en cuenta que la alcaldía de Santiago Guarderas es de transición. No va a generar un cambio profundo, porque el tiempo es sumamente corto. Sin embargo, lograr estabilidad ya es bastante. Con eso se podrán continuar las obras emblemáticas, como el Metro, que debe funcionar antes de que finalice su gestión”. No obstante, el Metro es un asunto que no le deja dormir al alcalde Guarderas.

Del Pozo está de acuerdo en que la ciudad tiene muchos pendientes y en que, ya lejos de la postal, existen problemas urgentes que deberán ser asumidos por la siguiente administración municipal. “Ojalá que los quiteños, esta vez, voten por gente proba y honesta, que no venga a ofrecer cosas que son imposibles de cumplir”. (I)

Trabajo: la mayor tasa de desempleo en el país

Quito registra la tasa de desempleo más alta del país, con el 11,5 %, de acuerdo con el último reporte de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC, cortado al tercer trimestre de 2021. Es decir, 117.152 personas se encuentran en esa situación.

En empleo adecuado (aquel con jornada completa y por el cual se perciben ingresos iguales o mayores al salario básico), la capital alcanza el 45,6 % (464.020 personas). Es la segunda ciudad, después de Guayaquil, con el índice más alto en empleo adecuado.

Dentro del segmento de “actividades informales” están 424.039 trabajadores, según las cifras del INEC respecto de las categorías de “subempleo”, “empleo no remunerado” y “otro empleo no pleno”.

El INEC revela que el promedio mensual de ingresos ha mantenido una tendencia a la baja. Para el primer trimestre de este año se ubicó en $ 339,7; en el segundo bajó a $ 307,3 y en el tercero llegó a $ 300,9.

Los datos del cuarto trimestre se conocerán en enero del próximo año. (I)

Inseguridad: 24 zonas identificadas como violentas y conflictivas

La capital no es una ciudad en la que se pueda caminar sin preocuparse. Según una encuesta de la coalición ciudadana Quito Cómo Vamos publicada en septiembre pasado, el 66,7% de los quiteños, en experiencia propia o de familiares directos, ha sido víctima de un robo violento en los últimos 12 meses.

El 68,8% de los quiteños se siente inseguro en el espacio urbano, como parques, plazas y calles.

Los dos estados de excepción ordenados por el presidente Guillermo Lasso y de los que ha sido parte Quito, también revelan la grave crisis de seguridad con la que cierra el 2021 la capital ecuatoriana.

De las cinco modalidades de robo definidas en las estadísticas de Fiscalía y la Policía (robo a personas, domicilios, carros, motos, bienes y accesorios de vehículos y a unidades económicas), Pichincha y Quito aparecen en los primeros lugares en la estadística nacional. En todas estas modalidades se ha evidenciado un incremento de casos.

A esto se suma un incremento en la violencia usada por los delincuentes para los “arranches” y asaltos en la vía pública, buses, viviendas y locales comerciales.

La capital, en 2021, también fue marcada por muertes violentas mediante sicarios en motos. La aparente motivación: una pelea entre bandas por espacios para cometer delitos, entre ellos, el narcotráfico. En Quito existen 24 zonas definidas como conflictivas.

La confianza en que la autoridad (nacional o local) sancione los delitos es mínima. ¿Qué probabilidades hay de que en Quito un delito sea sancionado? El 53,4% de los encuestados contestaron que es baja.

Esta sensación de impunidad puede ser complementada por otra percepción: el 63,4% dijo que está de acuerdo en que sean los miembros de la comunidad quienes puedan castigar a alguien que cometió un delito, pero no fue castigado por las autoridades. (I)

Investigaciones: Jorge Yunda continúa en procesos judiciales

Desde el 21 de octubre pasado, la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado contra el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda y trece personas más se mantiene suspendida, debido a una demanda de recusación planteada por la defensa del exalcalde a uno de los jueces del Tribunal de Juicio.

La Fiscalía acusa a Yunda como autor mediato de un peculado ocurrido en la compra de 100.000 pruebas para detectar Covid-19, adquisición que fue realizada por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito en el 2020.

Por este caso, al exalcalde Yunda se le ordenó el uso de grillete electrónico, la presentación cuatro veces por semana en la Corte Provincial de Pichincha y la prohibición de salida del país.

La Fiscalía investiga el posible perjuicio al Municipio de Quito, pues sostiene que en lugar de pruebas PCR-Polimerasa, la Secretaría de Salud recibió pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. También se investiga la contratación de la empresa Salumed, pese a que hubo otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos del Municipio, a un menor precio.

Los involucrados aseguran que no hubo irregularidad alguna.

A mediados de diciembre, se resolvió la recusación interpuesta por Yunda contra el juez Fabián Fabara. Los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra la aceptaron.

Xavier Flores, abogado del juez Fabara, apeló la decisión y hasta el fin de año no se resolvía el recurso presentado. Mientras no se resuelva la apelación, la recusación no surte efecto, pues existe la posibilidad que en apelación se revierta la decisión y se rechace la demanda.

El proceso principal, por peculado, sigue sin moverse, pues si se acepta la recusación el caso vuelve a cero en lo que respecta a la audiencia de juzgamiento, Sin embargo, si se rechaza, el juez seguiría con la causa. (I)

El hijo del exalcalde: Sebastián Yunda procesado por asociación ilícita

El 3 de enero de 2022 concluyen los 120 días de instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita por el que es procesado, penalmente, Sebastián Yunda, hijo mayor del exalcalde de Quito Jorge Yunda.

Junto a él son investigadas otras siete personas, entre familiares directos como su tío César Yunda, tres exfuncionarios del Municipio de Quito, una organizadora de eventos y dos empresarios.

Yunda hijo fue detenido el pasado 1 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, debido a una notificación de la Interpol. El pedido fue hecho por el juez ecuatoriano Máximo Ortega, quien lleva el proceso (que investiga a una supuesta estructura con acceso a información privilegiada para beneficiarse de dineros por contratos relacionados con el Municipio de Quito).

Sebastián Yunda fue liberado en Argentina bajo la obligación de cumplir ciertas condiciones, mientras se tramita su extradición a Ecuador. La Corte Nacional de Justicia ya inició el proceso para que se concrete la extradición.

En el momento en que Yunda llegue a Ecuador deberá cumplir la prisión preventiva que le ordenó Ortega el 11 de octubre pasado. (I)

Cronología de la disputa por la Alcaldía de Quito durante 2021