Cárceles en México

Los jóvenes mexicanos encarcelados por delitos graves viven en un círculo vicioso de reincidencia por el contexto familiar y denuncian la falta de apoyo del Gobierno para salir de ese entorno

En medio de una pista de baloncesto, Zeany ríe con sus compañeras como cualquier otra joven de su edad. Las chicas juegan, corren y charlan como lo harían en el patio de un colegio mientras estudian para la preparatoria. Sin embargo, su grupo está bajo la atenta mirada de varios policías, rodeadas de alambre de espino y con un pitbull con collar de púas que vigila el perímetro de la comunidad de internamiento para adolescentes Constituyentes en Monterrey, Nuevo León. Con apenas 18 años, es la cuarta vez que Zeany entra en el reclusorio. Es una de los más de 1.400 adolescentes recluidos en prisión por cometer algún delito grave, desde secuestro, pasando por violación hasta homicidio.

Al igual que sus compañeros, esta joven cree que las cosas podrían haber sido distintas para ella si su entorno hubiese sido diferente. Su firma culmina una lista de peticiones a los candidatos a estas elecciones con el fin de que cambien la realidad social que alimenta el círculo vicioso de reincidencia de muchos jóvenes como ella. “Ya que estoy aquí encerrado, me gustaría utilizar mi testimonio para que las y los chavos me puedan escuchar, que conozcan mi historia y pueda ayudarles a llevar una vida libre de violencia”, es una de las demandas que recoge el documento.

Zeany recuerda perfectamente su último día en libertad. “Llovía mucho. Yo había salido a robar para poder comprarle un tamal a mi hermano que estaba en casa, pero no había nadie en la calle”, narra ataviada con un uniforme de chándal gris y el pelo recogido en un tirante y perfecto rodete. Vivía entonces en la colonia de Independencia, al igual que su compañero en el reclusorio Heivy. “Allí estamos tan altos en el cerro que ni la policía sube”, añade sobre uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Muchos de los chicos del reclusorio, también nacidos o criados en esa colonia, le secundan y se quejan de que por las noches apenas había luz o que el colegio les quedaba muy lejos para poder ir todos los días. “Me gustaría que en mi barrio se recobre la vida digna de todos los que viven ahí”, han escrito en la petición conjunta. En concreto, señalan que en los barrios más marginales y peligrosos donde se han criado hacen falta instalaciones y servicios públicos de calidad, seguridad en las calles y autoridades que garanticen la justicia.

Al igual que su madre, Zeany comenzó a trabajar para uno de los carteles que atemorizan a Monterrey desde muy pequeña. “La balacearon y mataron delante de mi casa cuando tenía 12 años. Fue un cartel rival, así que me puse a trabajar para vengarme”, recuerda. Por ese entonces comenzó a consumir marihuana y más tarde se pasó a la cocaína. Los trabajos que hacía para el crimen organizado siendo menor de edad eran varios, desde venta de droga hasta asesinatos. Sin embargo, la policía la metió en el reclusorio por delitos contra la salud. “Me torturaron para que hablara y me hicieron tocamientos, pero no dije nada. No por hacerme la valiente, sino porque no quería que fueran a buscar a mi familia”, detalla. Ahora, asegura que cuando salga quiere estudiar para ser criminóloga.

Alba Lerma, la psicóloga del centro, explica que los chicos provienen de un ambiente desgarrado por la violencia, lo que hace más difícil su reinserción en la sociedad o que completen sus estudios. Muchos de ellos han sido criados en el seno de una familia que vive marginada en barrios periféricos con vínculos con el crimen organizado. “Cuando salen de aquí y llegan a casa todo está igual. Las familias siguen siendo pandilleras y ellos vuelven a reincidir”, lamenta. Dentro del centro, los adolescentes reciben formación, orientación laboral y algunos se encaminan para terminar sus estudios y entrar en la universidad. “Tenemos muchos que quieres estudiar para ser abogados o psicólogos”, añade Lerma. Sin embargo, la realidad fuera del reclusorio golpea los sueños de los chicos y una vez han cumplido su condena de hasta cinco años, muchos vuelven a entrar por los mismos delitos. Una de las peticiones de los reclusos es que dentro del acompañamiento psicológico que reciben una vez dentro del centro puedan acompañarles familiares para trabajar en conjunto.

Heivy tiene temor de volver a su barrio. Uno de los recuerdos que tiene de la colonia de la Independencia es de un amigo suyo que estudiaba mucho. “Era un camarada que venía con nuestro grupo, pero no estaba metido en las cosas que nosotros hacíamos. Un día andaba por ahí y otra banda lo vio, sabían que se codeaba con el enemigo y lo voltearon”, relata. Heivy cuenta que se puso a trabajar para el cartel desde muy joven por el dinero y porque le impresionaban esos “señores armados”. “Me daban seguridad y protección”, explica. Él insiste en que en cuanto salga del reclusorio, le van a agredir y ya no confía en la policía. Insiste en que cuando le detuvieron le metieron droga en los bolsillos para tener un pretexto para recluirle. Dentro de las propuestas que quiere que lean los candidatos a gobernador, ha subrayado que necesitan más apoyo y becas para carreras como deportistas de élite en su barrio. Su sueño truncado era el de ser un jugador de básquet profesional y le gustaría que hubiera más actividades deportivas o artísticas dentro del centro.

Quedan apenas nueve días para las elecciones en las que por primera vez se permitirá a través de un programa piloto que las personas en la cárcel sin sentencia —más de 2.000 reclusos en México, según la Central Electoral— puedan ejercer su derecho a voto por correo. La organización Reinserta busca que los adolescentes en el centro de Monterrey tomen consciencia de su papel como futuros votantes y que vuelvan a creer en las instituciones. Entre las propuestas que han recogido, aparece la demanda repetida de más apoyo de las autoridades para alertar sobre las consecuencias de la violencia desde los colegios. “Me gustaría que en las escuelas los estudiantes escuchen sobre la prevención de la violencia, reconocer cuando la ejercen, como una clase de cómo puedo resolver un conflicto de manera pacífica o sobre qué significa y cómo puedo practicar la equidad de género para tener un hogar sin violencia familiar”, reza el documento. Los chicos también han pedido que un programa de mentoría y emprendimiento social mientras están privados de la libertad para aprender como poner un negocio propio y no delinquir de nuevo.

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