Dos empresas extranjeras impuestas por Arabia Saudí dirigieron el Fondo de Infraestructuras Hispano Saudí creado en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el apoyo del entonces rey Juan Carlos I, según han señalado a EL PAÍS exfuncionarios españoles que participaron en su lanzamiento. El fondo contrató a Corinna Larsen y estableció su sede en Guernsey, un refugio fiscal en las islas del Canal de la Mancha.

La examiga del rey emérito pidió en 2007 a los administradores del fideicomiso Peregrine, en Nueva Zelanda, que en el supuesto de su muerte entregaran a Juan Carlos I “el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudí”, según consta en los documentos de los Papeles de Pandora, una investigación pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que han participado EL PAÍS y La Sexta. Este trabajo analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados y desvela sociedades instrumentales de políticos, empresarios y artistas de más de 90 países. El abogado de Larsen afirma que los documentos del fideicomiso Peregrine son falsos. La consultora no ha respondido a las preguntas de este consorcio sobre su relación contractual con el citado fondo.

El fideicomiso o fondo fiduciario es un instrumento particularmente opaco. Se trata de un contrato en el cual el testador deja encomendado su patrimonio o parte de este a la buena fe de un representante legal (fideicomisario) para que, en caso y tiempo determinados, lo transmita a otra persona o la invierta según las instrucciones recibidas. Los fideicomisos son herramientas habituales entre los instrumentos que ofrecen los bancos suizos para clientes que buscan opacidad y evasión fiscal.

La iniciativa para la creación del Fondo de Infraestructuras Hispano Saudí fue del Ministerio de Asuntos Exteriores, al frente del cual estaba Miguel Ángel Moratinos, y del propio Juan Carlos I, pero la gestión del proyecto la llevaron dos empresas extranjeras: el fondo británico Cheyne Capital, con sede en Londres, y Arox Infraestructures AG en Zúrich (Suiza), una compañía especializada en infraestructuras.

Cheyne Capital contrató supuestamente a Corinna Larsen para este proyecto y la presentó como su colaboradora en reuniones en Madrid, según afirman personas que participaron en el proyecto. El fondo británico no ha respondido a las preguntas enviadas por este periódico. “Nos dijeron que trabajaba para ellos y que hablaría con inversores. No supimos nada sobre sus tareas ni con quién hablaba”, afirma una fuente conocedora del lanzamiento del fondo.

“Nunca supimos que fuera contratada. Apareció como otro inversor posible y dijo que traería dinero de otros fondos. Tampoco sabíamos de su relación con el rey”, afirma un exministro del Gobierno de Zapatero que participó en el embrión de esta iniciativa.

El apoyo institucional de España y Arabia Saudí al lanzamiento del fondo fue total. Los embajadores de los dos países facilitaron distintos encuentros de directivos de Cheyne Capital, del Banco Morgan Stanley y de la propia Corinna Larsen con las autoridades de ambos países, según reconoce uno de sus participantes. En junio de 2007, la prensa de Riad se hizo eco de una visita de la consultora alemana, en compañía del embajador español Manuel Alabart, al príncipe Al-Waleed bin Talal, según publicó el eldiario.es.

Larsen en escena

El 19 de junio de 2007, días después de su viaje a Riad, Larsen asistió en el palacio de El Pardo a la presentación oficial del fondo en un acto al que acudieron el entonces ministro de Industria Joan Clos, el ministro de Finanzas saudí Ibrahim ben-Abdul Aziz Al-Assaf, y el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, entre otras autoridades y representantes del mundo político y empresarial. “Me la presentaron en el acto y me dijo: ‘Este es un proyecto muy importante para España”, recuerda un alto funcionario español de su fugaz encuentro con la consultora alemana.

Ese mismo día, Juan Carlos I impuso al rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdelazziz el Toisón de oro, durante su visita a Madrid. En su discurso en la cena de gala en el Palacio Real, Juan Carlos I alabó el proyecto del fondo hispano-saudí.

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El fondo británico Cheyne Capital contrató al banco de inversiones estadounidense Morgan Stanley para que sus ejecutivos en Madrid, Londres y Riad hicieran las presentaciones y captaran a empresas que aportaran liquidez para la creación del fondo, según afirma una fuente del sector bancario. La promesa era participar en un gigantesco plan de infraestructuras previsto en Arabia Saudí cuyo monto ascendía a varios billones de dólares.

“En una primera fase, el objetivo era levantar 500 millones de dólares, 250 por empresas españolas y otros 250 de capital saudí. Se habló con varios bancos para que financiaran las inversiones futuras del fondo. Si consigues 500 de capital se podrían obtener unos 4.000 de deuda”, recuerda un ejecutivo financiero que participó en el lanzamiento.

Se editó un folleto del fondo, y Morgan Stanley hizo distintas presentaciones. Alrededor de 14 empresas españolas, entre las que figuraban OHL, Sacyr, Caja Madrid (Bankia) y La Mutua, entre otras, se comprometieron a aportar unos 200 millones, pero el capital saudí prometido no superó los 100 millones. “La parte saudí no funcionó y las empresas españolas dijeron: O todos o ninguno. La crisis del 2008 y 2009 acabó con el proyecto y, finalmente, nadie llegó a poner lo que se había comprometido”, señala uno de los participantes.

El Fondo de Infraestructuras Hispano Saudí se registró en Saint Peter Port, capital de Guernsey, una isla del Canal de la Mancha de unos 70.000 habitantes, cuyo jefe de Estado es la reina Isabel II de Inglaterra. Al igual que Jersey, Man o Sark, otras islas del Canal, su economía se basa en los servicios financieros y está considerada un paraíso fiscal. “En aquella época, lo normal era que todos los emisores en los mercados de capitales lo hicieran allí para aprovechar la baja tributación”, afirma una de las fuentes consultadas.

Stuart Fiertz y Jonathan Lourie, fundadores de Cheyne Capital y exdirectivos de Morgan Stanley, dirigieron el timón de este proyecto, viajaron varias veces a España y participaron en distintas reuniones con ejecutivos españoles, según recuerdan las fuentes consultadas. En alguna ocasión, lo hicieron en compañía de Larsen y la presentaron como su colaboradora.

Fiertz fue uno de los directores del fondo Energy and Infrastructure G.P Limited, creado en Guernsey el 10 de abril de 2007 y cerrado el 23 de agosto de 2012. El fondo de inversión británico empleó para ello a su sociedad Cheyne Equity Partners, con sede en Tórtola, otro paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, que figura como propietario de 8.000 acciones. A nombre de Boreas Capital Limited, domiciliada en Guernsey, se inscribieron otras 8.000 acciones.

Por Arox Infrastructure AG, la otra compañía motora del proyecto, acudían a las reuniones en Madrid Ludovico Manfredi y Eberhard von Koerber, según recuerdan los testigos consultados. Ambos figuran, también, en el organigrama del mencionado fondo creado en Guernsey, según ha comprobado este diario en el Registro de compañías de la isla. Tanto Cheyne Capital como Arox querían invertir en los proyectos que ejecutaría el fondo.

Imposición saudí

¿Quién decidió que dos empresas extranjeras como Cheyne Capital y Arox Infraestructures dirigieran el fondo hispano-saudí? “Nosotros pensamos en sacar un concurso público, transparente y competitivo, pero los saudíes dijeron que tenían que ser esas dos compañías. Nadie de la Administración española participó en eso”, recuerda un alto funcionario del Ministerio de Comercio que estuvo en el lanzamiento.

“El representante saudí comentó que para llevar un proyecto de esa envergadura se necesitaba una entidad financiera de ámbito mundial y eligieron a Morgan Stanley. La Administración española no participó en la gestión de los contratos, gestores y demás, porque eso lo dominaban los saudíes. Nosotros no supimos nada porque no pusimos nada, ni un euro. Con Larsen no tuvimos reuniones porque nosotros no dábamos proyectos”, explica esta fuente.

En 2010 los directivos de Cheyne y de Arox convocaron una reunión en Madrid con las empresas españolas comprometidas con el proyecto para informarles del cierre del fondo. En la misma se informó de los gastos en los que se había incurrido, varios millones de euros en viajes, reuniones, abogados y gestiones que se “prorratearon” entre todas. “Creo que se cerró en 2010, no estoy seguro. Las empresas españolas pagaron algo. Los gastos no fueron demasiado gravosos”, afirma una fuente cercana al proyecto. Otras fuentes próximas a las empresas afectadas aseguran, en cambio, que los gastos ascendieron a unos 16 millones.

Alguna de las firmas españolas que participaron en el proyecto reconocen su compromiso inicial, pero ninguna de las consultadas ha facilitado a este periódico la cifra que pagaron finalmente cuando se cerró el fondo.