Si supieras que tu teléfono celular fue producto de un arrebato en el subte, ¿lo usarías para whatsappear tranquilamente con tus amigos? O si te dijeran que el estéreo del auto está manchado con sangre, ¿podrías manejar por la ciudad y escuchar música sin culpa? Y si tus camisas, remeras, jeans o vestidos fueron confeccionados por inmigrantes reducidos a la servidumbre, sometidos a jornadas laborales de 16 horas, hacinados en pequeñas habitaciones, despojados de su documentación y mal alimentados, ¿sentirías la libertad de mirarte al espejo? Tal vez ha llegado la hora de preguntarse: ¿quién hizo esa ropa?

Se estima que en toda el área metropolitana los "talleres del sudor", o "talleres esclavos", son abastecidos por una red de 30.000 obreros costureros, en su mayoría provenientes de Bolivia. Sólo en la ciudad de Buenos Aires estarían asentados al menos 3000 espacios clandestinos donde se confeccionan miles de prendas por semana. Hay quienes arriesgan que el 80% de la indumentaria que circula por todo el país proviene del circuito ilegal.

Hacinamiento, esclavitud y muerte son las tres palabras que resumen cada una de las historias de este tipo, desde el incendio del 30 de marzo de 2006 en Caballito, en el que fallecieron cuatro menores y dos adultos –y que originó una ola de denuncias e inspecciones– hasta el del 27 de abril pasado en Flores, donde perdieron la vida dos niños, de 7 y 10 años.

Detrás de las tragedias, sin embargo, renace una nueva forma de entender la industria textil y que podría convertirse en la punta del iceberg para barrer el trabajo esclavo: las cooperativas, llamadas a ser la red de contención de obreros costureros que padecieron malos tratos y sometimiento.

Un nuevo paso hacia ese concepto se dio hace dos semanas en el Mercado de Economía Solidaria Bonpland, en Palermo, donde se realizó el desfile "Ropa Limpia. Libre de trabajo esclavo". Participaron 20 marcas de diseñadores independientes que comenzaron a abastecerse en las cooperativas Mundo Alameda, Lacar, Soho y otras que funcionan en el Centro Demostrativo de Indumentaria de Barracas (CDI), bajo la órbita de la Fundación Alameda y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Son ellos los primeros clientes que intentan ser la locomotora de la revolución.

"El cambio tiene que empezar por los chicos", le dice Tamara Rosemberg a LA NACION mientras muestra las remeras de la serie Heroicotoons con las imágenes estampadas de Belgrano y San Martín. Son dibujos de Luciano Giraldez y fueron diseñados "pensando en los chicos que usan las remeras de superhéroes".

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La cooperativa, que ya tiene su marca propia y confecciona prendas de la marca No Chains (Sin cadenas), con presencia en varios países, tuvo sus primeros clientes en 2005 y hoy fabrica los productos de 25 diseñadores. "Muchos de ellos venden en el interior. Algunos estaban en el circuito de los talleres clandestinos y se pasaron a las cooperativas", agrega Tamara, una de las fundadores de La Alameda.

La Fundación, que funciona en una antigua casona de la esquina de la avenida Directorio y Lacarra, en Flores, comenzó siendo un Centro Comunitario debido a las urgencias de los vecinos autoconvocados en el parque Avellaneda desde diciembre de 2001. Las primeras actividades fueron un comedor, clases de apoyo escolar para los niños y un taller de desarrollo infantil.

"Venían muchas mujeres bolivianas que habían llegado al país engañadas para trabajar en talleres esclavos. Eran reducidas a la servidumbre, les retenían la documentación y les decían que acercarse a los argentinos «era peligroso»", recuerda Tamara.

Primero con subsidios, luego con fondos propios, comenzaron a comprar máquinas textiles para producir y generar puestos de trabajo.

En una de ellas está Olga Cruz, especialista en la terminación de los cuellos y los dobladillos de las remeras, que se realizan con las máquinas collareta y recta. "Cuando empecé en la cooperativa pensé que siempre sería ayudante y ahora manejo todas las máquinas. Ascendí", dice, riendo tímidamente.

Olga es una de las que participaba de las reuniones del parque Avellaneda. Cuando llegó al país le pagaban cinco centavos por prenda; hoy gana entre $ 45 y 55 por hora. "Vine como cualquier inmigrante, pensando en un futuro mejor, con dos hijos y la idea de nunca abandonarlos. Pensé que iba a encontrar un trabajo digno, como lo decían en muchas radios. Ofrecían pagar en dólares, casa y comida. Pero cuando llegué me encontré con otra realidad", recuerda.

En ese taller esclavo trabajaba de 7 a 22; tenía que cocinar, limpiar las prendas y asear toda la casa. "No entendía por qué la gente trabajaba sin moverse de la máquina. ¡Les tenía que servir el desayuno y el almuerzo allí mismo!"

La historia de Luis Fernando Calle es parecida, como la de cientos de sus compatriotas que fueron arrancados de su país. En 2012 llegó a la Argentina desde La Paz junto a su esposa. Cuando el colectivo los dejó en Liniers una combi los esperaba para trasladarlos a un taller de González Catán. Luego, el encierro, y nada más. "Mi mujer se hizo la enferma y nos pudimos escapar. Dejamos todo porque no había otra forma de salir de eso", explica.

Hace un mes que trabaja en Mundo Alameda con un sueldo que le alcanza para alquilar y ahorrar. Está terminando un lote de remeras No Chains, pero se toma una pausa para compartir los momentos agrios que vivió. "Toda la producción del taller iba a La Salada; teníamos que abastecer tres ferias por semana y entregar 100 camperas por día cada uno. Desayunábamos y almorzábamos en las máquinas, no nos pagaban con dinero, sino que nos daban la mercadería que necesitábamos y a fin de año entregaban algo de plata. Era terrible. Nunca había visto eso", cuenta.

Causas y procesamientos

En la Justicia Federal hay un total de 51 procesamientos por explotación en talleres textiles de todo el país. Por trata laboral hubo 16 sentencias condenatorias: diez corresponden a talleres textiles, cuatro a explotación agropecuaria, una a servicio doméstico y una al comercio.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, existen dos sentencias por reducción a la servidumbre en talleres del mismo rubro y previas a la Ley de Trata de Personas (26.364), sancionada y promulgada en abril de 2008, modificada en 2012 y reglamentada, con sus cambios, en enero de este año.

En 2013 La Alameda denunció la existencia de 200 talleres clandestinos. La presentación la realizaron el legislador de Bien Común, Gustavo Vera (que es además presidente de La Alameda y de la Comisión Especial de Trata de la Legislatura) y Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Desde ese año, hasta hoy, la Fundación La Alameda denunció más de 500 direcciones en las que habría explotación laboral. El uso del potencial no es antojadizo ya que en la mayoría de los casos la eventual falta de pragmatismo de la Justicia impidió comprobarlo.

Las "talleres del sudor" se detectan por las denuncias que La Alameda recibe vía mail, a través del blog de la ONG, por teléfono o en la Legislatura. A todas se les da curso a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), creada en abril de 2013 en reemplazo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. Si la demanda es personal, y si el caso lo requiere, actúa el equipo del Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata para evaluar la situación y disponer si la persona damnificada queda bajo su órbita y necesita algún tipo de asistencia especial.

Otras alternativas de contención e integración son posibles. En el CDI de Barracas funcionan siete cooperativas textiles y al menos otras 20 ya pasaron por allí. En promedio, permanecen tres años hasta que logran afianzar los lazos con sus clientes, aunque el período de tiempo puede extenderse. Luego es el momento de volar, para continuar con el trabajo en un espacio propio.

Allí, entre cumbia boliviana, retazos de telas y rollos de hilos hay mujeres y hombres que trabajaron en talleres clandestinos. Algunos cooperativistas están a cargo de las máquinas que hasta hace unos meses atrás operaban en el hacinamiento de un cuarto pequeño; el CDI suele ser el depósito judicial de indumentaria y maquinaria confiscada en allanamientos textiles. En uno de los pasillos hay 10.000 jeans para terminar provenientes de un operativo de 2007. Cuando se destrabe la causa judicial serán materia prima de las cooperativas. Y algunas máquinas fueron enviadas a Chaco y a Formosa, donde la comunidad Qom las utiliza para sus emprendimientos.

"Acá se les da espacio y acompañamiento técnico a los cooperativistas. También se los asesora para que busquen financiación cuando se independicen y se les prestan algunas máquinas. Es un período limitado, lo que se llama de incubación", detalla Néstor Escudero, técnico del INTI y miembro de La Alameda.

El polo textil de Barracas funciona en un espacio cedido por el gobierno porteño a través de la Corporación Buenos Aires Sur. La cooperativa más grande tiene 30 personas, pero hay otras que funcionan con seis miembros. Entre ellas se encuentra Lacar, una marca de camperas que quebró y fue recuperada por los trabajadores. Allí fabrican los productos que luego venden en un local de Morón y en otro ubicado en el mercado Bonpland.

Una iniciativa similar tiene lugar en SOHO Coop, que funciona en lo que fue la casa central de la marca antes de su quiebra. Unas 17 personas lograron la continuidad laboral en junio de 2014 con los avales de la Justicia, aunque todavía existe un litigio por el uso de la marca. Fueron los mismos trabajadores quienes, en 2007, formaron parte de las denuncias contra los propietarios de la empresa, que utilizaban la mano de obra de unos 300 talleres clandestinos para confeccionar 35.000 prendas por semana que abastecían a 45 locales.

"De acá se mandaba a los talleres, no había intermediario. Venían los talleristas a buscar los cortes o nuestros compañeros los llevaban. Los lugares eran espantosos. Hay dos compañeros que aportaron testimonio de los talleres denunciados. Eso ocurrió durante toda la historia de SOHO", recuerda Ezequiel Conde, quien trabajaba en el depósito de la empresa y hoy es uno de los referentes de la cooperativa, que suele recibir máquinas incautadas en allanamientos.

Eso pasó, por ejemplo, tras el operativo que se realizó el 2 de este mes en un taller de Parque Patricios, donde se confeccionaban uniformes de la policía bonaerense. Las máquinas fueron cedidas a SOHO Coop para su reutilización. "Nosotros nos ofrecemos a darles una asistencia transitoria a las víctimas de los talleres esclavos. Acá tenemos lugar. Se pueden estabilizar, comer, dormir, bañar, tener asistencia social y comenzar a trabajar en una cooperativa con las mismas máquinas que incautó la Justicia", propone Ezequiel.

#BastaDeTrabajoEsclavo, #RopaLimpia y #QuienHizoMiRopa son los lemas que apuestan a instalar el tema en las redes sociales para barrer el trabajo esclavo. "Donde esté la ropa barata, habrá explotación. Mientras existan La Salada o los manteros de Avellaneda habrá explotación", resume Luis Fernando. Nadie mejor que él para decirlo.

Olga Cruz: de Sucre a un taller clandestino en Flores

Llegó de Bolivia con sus dos hijos, Johan y Daniela. "Cuando vinimos tuvimos que comprar documentos falsos en la frontera. Estuvimos unos días allí hasta que nos pidieron 400 dólares para entrar. El que te falsificaba el documento te prestaba ese dinero hasta entrar en la Argentina", recuerda. Una vez instalada aprendió el oficio y comenzó a producir en un taller clandestino prendas que eran comercializadas en La Salada y en Once. "Se labura mal, no hay espacios para moverse, está lleno de prendas y de telas. Los costureros sólo pueden moverse para ir al baño", cuenta. "El desayuno es té o mate cocido con pan o galletitas. El almuerzo es pésimo: arroz con un poco de tuco o una sopa de verduras. No entendía por qué pagaban tan poco."

Luis Fernando Calle: preso en el conurbano profundo

Lo primero que vieron, junto a su esposa, al llegar a la estación de Liniers fue una combi blanca que los transportaría a un taller de González Catán. Después llegó un largo encierro, días de oscuridad e incertidumbre. "Nos trajo un paisano de La Paz. Ahí, por la Ceja del Alto, hay avisos clasificados: «Se necesita personal para taller de costura en la Argentina, se paga pasaje, se da un cuarto individual, viáticos, trabajo de siete horas y US$ 500 al mes». Era buena plata para Bolivia", explica. "La mayoría de las personas acceden a eso porque en Bolivia no hay mucho trabajo, menos en el rubro textil. Muchos compatriotas optan por esa opción que parece la más fácil, pero acá las cosas cambian", dice.